La medida que frena las medidas de fuerza en las terminales agroexportadoras ya había sido dictada a comienzos de esta semana tras un primer fracaso paritario. El martes 23 de junio habrá una audiencia presencial clave.

La tensión en el polo agroexportador del Gran Rosario sumó un nuevo capítulo de parálisis, aunque bajo el mismo paraguas legal. Este jueves concluyó una nueva audiencia entre las cámaras empresarias y los gremios aceiteros sin alcanzar un consenso. Sin embargo, la tregua armada se mantiene: las operaciones continuarán normales debido a que la prórroga de la conciliación obligatoria hasta el próximo 25 de junio ya había sido dictada a principios de esta semana, anticipándose al inminente vencimiento tras el fracaso del primer encuentro presencial.

Con este marco de extensión legal, la Secretaría de Trabajo de la Nación busca agotar las instancias de diálogo y convocó a una nueva audiencia presencial determinante para el próximo martes 23 de junio a las 11 horas en la sede del organismo central.

El corazón de la disputa radica en los criterios para actualizar los haberes de la Federación Aceitera (FTCIOD y ARA) y el Sindicato de Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA).

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) insiste en cerrar la negociación basada en un esquema de actualización mensual automática ligada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Las cerealeras argumentan que los sueldos ya subieron un 13,8% desde enero y que recién en mayo quedaron levemente por detrás del 14,7% de la inflación acumulada.

Tras la falta de avances, la patronal apuntó contra la postura gremial mediante un comunicado: “No hemos logrado convencer a los líderes sindicales de dejar de lado propuestas con efectos políticos nacionales contra el gobierno. Lamentablemente no se ha avanzado. Nos queda ahora la expectativa de que el próximo martes acepten y firmen la propuesta de la industria”, expresaron.

Por el otro lado, las organizaciones sindicales rechazan la propuesta de indexación mensual y fundamentan su reclamo en los indicadores oficiales que miden el costo de vida real. Los gremios exigen un salario básico de 2.802.754 pesos. "Según las mismas estadísticas del INDEC, se necesitan esos fondos y eso es lo que reclamamos. Su negativa demuestra su mala fe y es una provocación", recalcaron desde las entidades sindicales.

El conflicto mantiene en vilo a las plantas del departamento San Lorenzo y el Gran Rosario, sector que ya paralizó sus actividades a fines de mayo y obligó a la inmediata intervención del Gobierno para evitar el freno del ingreso de divisas.

Con la prórroga de la conciliación dictada el lunes y el nuevo fracaso de este jueves, los plazos legales corren su cuenta regresiva. La reunión presencial del próximo martes a las 11 será, prácticamente, la última oportunidad para destrabar el conflicto antes de que la conciliación venza definitivamente el jueves 25 de junio y los gremios queden en libertad de acción.