La Justicia Federal puso la lupa sobre el Grupo Roma y el gremio URGARA. Investigan las inversiones de una banda que importó 750 kilos de cocaína desde Bolivia a finales de 2025.
La investigación sobre una de las organizaciones de narcotráfico más activas del último año en el Gran Rosario sumó un nuevo capítulo esta semana. Siguiendo el rastro de los activos financieros, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ejecutaron procedimientos en las oficinas de una reconocida desarrolladora inmobiliaria en Puerto Norte y en la sede rosarina de un sindicato.
El objetivo es desentrañar cómo la banda liderada por Ariel Fernando Suppa, detenida en noviembre pasado, lograba introducir sus ganancias ilícitas en el mercado legal.
El foco en Puerto Norte y el gremio URGARA
La causa FRO 11201/2026 derivó el pasado lunes en un despliegue policial que sorprendió a los vecinos de la zona más exclusiva de Rosario. Los efectivos de la PSA ingresaron a las oficinas del Grupo Roma, en avenida Carballo al 100, tras una pista que vinculaba a la inmobiliaria "JR Negocios Inmobiliarios" (que operaba anteriormente allí) con operaciones del principal investigado.
De las oficinas se llevaron documentación clave para la causa. Casi en paralelo, otro operativo tuvo lugar en la sede del sindicato URGARA (Unión Recibidores de Granos y Anexos) en calle San Lorenzo al 2000 de la misma ciudad. Allí, el secretario adjunto entregó voluntariamente dos boletos de compraventa que estarían relacionados con las maniobras de Suppa.
El descargo de la desarrolladora
Ante la repercusión del operativo, el titular del Grupo Roma, Pablo Cofano, emitió un comunicado aclarando que no se trató de un allanamiento forzado sino de una "orden de presentación" de documentación.
Según la firma, se entregó información sobre la venta de dos lotes en 2019, asegurando que contaban con la debida justificación de fondos y trazabilidad de la UIF. También existió una consulta por otros tres lotes, pero la operación nunca se concretó. Además, la empresa se desvinculó de cualquier relación directa con el imputado, señalando que las reservas previas involucraban a una inmobiliaria externa.
La magnitud de la organización bajo investigación es alarmante. Según los fiscales federales Franco Benetti, Santiago Alberdi y Matías Scilabra, la banda no solo distribuía, sino que importaba directamente la droga desde Bermejo, Bolivia. "En solo dos meses y medio de 2025, esta organización logró transportar y distribuir 750 kilos de cocaína de máxima pureza", señalaron los fiscales durante las audiencias.
Los miembros de la célula mayorista viajaban al norte del país y cruzaban a Bolivia en travesías de apenas 48 horas. Regresaban con pocos electrodomésticos para simular ser compradores minoristas, aunque los impactos de antenas y multas de tránsito en Salta y Aguas Blancas terminaron por delatarlos.
Ariel Suppa actuaba como el financista y organizador. La droga llegaba a subdistribuidores locales (como Gastón Gómez y José Ruiz), quienes abastecían búnkeres de venta al menudeo en la zona norte de Rosario.
El hallazgo clave
La investigación, que comenzó en diciembre de 2024 a raíz de una denuncia por microtráfico, dio un salto de calidad en noviembre de 2025. En un domicilio de calle Vieytes al 2700, la PSA incautó 52 kilos de cocaína listos para la venta. Sin embargo, fueron las anotaciones contables halladas en las propiedades de los líderes las que revelaron el verdadero volumen del negocio: una contabilidad narco que documentaba el movimiento de media tonelada de droga en apenas semanas.
Hoy, con 13 integrantes bajo prisión preventiva, la Justicia intenta determinar hasta qué punto las estructuras empresariales y sindicales fueron permeadas por el capital del narcotráfico.
(Fuente: Rosario3)