Es una iniciativa del concejal Remondino que apunta a crear un organismo local compuesto por ediles y funcionarios del Ejecutivo.
Comenzó en el Concejo Municipal de San Lorenzo el debate del proyecto del ordenanza del concejal Marcelo Remondino que propone la creación del “Sistema de prevención de lavado de activos y control económico financiero de grandes inversiones en la ciudad”.
En ese marco se llevó a cabo una reunión virtual de la que participaron funcionarios judiciales quienes “se mostraron muy interesados en la iniciativa”, según aseguró al autor de la iniciativa en diálogo con SINTESIS.
“Este proyecto lo presentamos hace un tiempo y, como parte de su tratamiento, comenzamos reunir a los grandes actores. En este caso contamos con las participaciones de los camaristas de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Guillermo Toledo y Aníbal Pineda a quienes les interesó mucho la ordenanza y propusieron estudiarla con detenimiento para poder efectuarle aportes”, contó Remondino.
El edil explicó que con la ordenanza que comenzó a tratarse “se busca detectar el lavado de dinero. Como Concejo no podemos investigar, pero sí podemos formar una unidad de control conformada por el Departamento Ejecutivo y los concejales a la que podrán acercarse vecinos que quieran denunciar, con obvias reservas por razones de seguridad. Este organismo luego elevará la información a la Unidad de Investigación Financiera, Fiscalía o Juzgados Federales”.
Remondino también contó que su iniciativa “interesó a los referentes de ‘Proyecto Bien Restituido’ que actualmente se trata en el Congreso Nacional, emparentado con asociaciones de Italia, que apunta a la reutilización social de bienes recuperados de la criminalidad organizada. Ellos me plantearon que el inconveniente no es avanzar sobre los bienes de delitos como el narcotráfico o trata de personas, sino hacerlo sobre el dinero de la corrupción que también se blanquea, por ejemplo, construyendo edificios. Por eso es necesario trabajar en una herramienta que derribe muchas trabas que aún hoy existen”, argumentó.
Por último, Remondino aseguró que “seguimos estudiando el proyecto de ordenanza” y adelantó que “acordamos una próxima reunión del Cuerpo en Comisión del Concejo en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para la cual los camaristas van a citar a los jueces y a los fiscales con la idea de que, entre todos articulemos acciones incluyendo también a la Procuraduría de Narcocriminalidad”.
El proyecto
A partir de la creación del denominado “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Control Económico Financiero de Grandes Inversiones en el ámbito de la Municipalidad de San Lorenzo”, será obligatorio que la Dirección de Obras Particulares requiera “información conducente a determinar el origen de los fondos que se pretenden invertir en la creación de emprendimientos”.
A valores actuales, la ordenanza determina que deberán analizarse los permisos de habilitación, transferencias, cambios y anexos de rubro, cuando el plan de inversión del proyecto supere los $ 8 000 000 en rubros como venta y alquiler de vehículos; comercios de armerías; casas de juegos, apuestas o casinos; loterías; hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas.
También contempla a restaurantes, bares, confiterías bailables y todos los rubros de la nocturnidad; playas de estacionamientos y cocheras; guarderías náuticas; concesiones públicas de obras y servicios; y explotación de taxis.
Además, señala a inversiones que superen -a valores actuales- los $ 30 000 000 para la construcción de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.
El proyecto de ordenanza de Remondino considera que “el objetivo es controlar de manera eficiente la transparencia, el origen y la trazabilidad de las inversiones, impulsando la prevención de delitos patrimoniales con un control exhaustivo de la información y documentación a presentar”, cuando se tramita una habilitación municipal.
Por último, estima que “debe evitarse por todos los medios posibles la transformación de la ciudad en una plaza sencilla para el lavado de activos de origen ilícito, por lo que resulta imprescindible agudizar controles que permitan colaborar en la prevención de esa situación”.