Tras las versiones que circularon en diversos medios, la seccional del gremio de recibidores de granos emitió un comunicado institucional para precisar el alcance de la presencia de fuerzas federales en su sede.

En sintonía con las recientes declaraciones del Grupo Roma, la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) Seccional Rosario aclaró que su sede no fue objeto de un allanamiento policial, sino que se trató de un procedimiento administrativo para la entrega voluntaria de documentación en el marco de una causa judicial federal.

Según el comunicado emitido por la Comisión Directiva, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en la sede de Rosario el pasado lunes. La organización fue enfática en señalar una distinción técnica y legal que, según denuncian, no fue reflejada con precisión por algunos medios de comunicación: "No se trató de un allanamiento sino de una medida de solicitud de documentos", detalló la entidad.

Desde URGARA explicaron que el requerimiento de la Justicia Federal no apunta contra la institución gremial en sí, sino a título personal.

Al respecto, el gremio destacó que el integrante involucrado colaboró de manera voluntaria y entregó lo solicitado de forma instantánea, al tiempo que aclaró que URGARA, como institución, no tuvo intervención alguna en la operación comercial bajo sospecha y subrayó que la entidad gremial no tiene ninguna relación con el expediente FRO 11201/2026.

Este desmentido se suma a otros similares de organizaciones y empresas locales que buscaron separar la responsabilidad institucional de las investigaciones individuales que lleva adelante la Justicia Federal en la región. Con este descargo, la conducción de URGARA Rosario busca llevar tranquilidad a sus afiliados y limpiar la imagen de la organización frente a la opinión pública.