La visita del gobernador de Maximiliano Pullaro a la ciudad de San Lorenzo dejó más preguntas que respuestas. Este viernes, el mandatario provincial encabezó la entrega de escrituras traslativas de dominio y actas de titularización de viviendas en el Complejo Museológico local, en un acto que benefició a decenas de familias del departamento. Sin embargo, más allá de la importancia institucional del evento, lo que volvió a llamar la atención fue el llamativo hermetismo con el que se manejó toda la actividad oficial.

No hubo convocatoria abierta a la prensa local. Tampoco agenda difundida oficialmente. Mucho menos conferencia de prensa o contacto con periodistas. El gobernador llegó, encabezó el acto y se retiró rápidamente, rodeado por un fuerte operativo de seguridad y evitando cualquier intercambio con los medios o con vecinos que pudieran expresar reclamos.

La escena no pasó inadvertida. Resulta cuanto menos preocupante que un gobernador provincial, que debería sostener el contacto permanente con la ciudadanía y garantizar transparencia en sus actos de gobierno, comience a desarrollar actividades prácticamente en silencio, como si se tratara de visitas clandestinas y no de acciones institucionales financiadas con recursos públicos.

¿A qué le teme Pullaro?

Porque si bien desde el entorno oficial deslizaron que la escasa difusión respondió a “cuestiones de seguridad” (claramente, evitar posibles escraches o manifestaciones), el argumento expone un problema político aún más profundo. Un gobernador que necesita esconder sus recorridas para evitar protestas no parece estar atravesando precisamente un buen momento en términos de respaldo social.

Lejos de tratarse de episodios aislados, los antecedentes recientes muestran un patrón cada vez más evidente. Semanas atrás, la inauguración del tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe terminó atravesada por una fuerte protesta de gremios docentes que hicieron sentir su descontento frente al mandatario. En otra aparición pública en Capitán Bermúdez, Pullaro directamente suspendió su presencia en una actividad en la Iglesia del Jubileo ante la llegada de manifestantes que aguardaban su arribo, (aunque luego concretó su visita, obviamente, en silencio).

El problema ya no parece ser únicamente la protesta social. El problema es la reacción del poder frente a ella. Porque cuando un gobierno decide blindar actos, esconder agendas y limitar el acceso de la prensa para evitar imágenes incómodas, el mensaje que transmite es preocupante: se empieza a gobernar más pendiente de controlar el escenario que de escuchar el malestar ciudadano.

La ausencia de medios locales tampoco es un detalle menor. En ciudades como San Lorenzo, donde la información circula principalmente a través del periodismo regional, excluir deliberadamente a la prensa constituye una forma indirecta de controlar el relato y reducir el impacto de eventuales cuestionamientos. Una práctica incompatible con cualquier discurso de apertura y transparencia institucional.

Paradójicamente, el acto tenía todos los elementos para convertirse en una noticia positiva. La entrega de escrituras representa un avance concreto para familias que esperaron durante años regularizar la titularidad de sus viviendas. Pero la obsesión oficial por evitar el conflicto terminó eclipsando incluso aquello que buscaba mostrar como gestión.

Cuando un gobernador empieza a moverse entre operativos, actos cerrados y salidas rápidas sin preguntas, deja de proyectar fortaleza política. Empieza, más bien, a transmitir temor.