El Gobierno de la Provincia de Santa Fe avanza en el recupero de costos generados por los operativos desplegados ante amenazas a establecimientos educativos, en un contexto que ya acumula 404 denuncias en todo el territorio provincial. Según datos oficiales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al menos 73 personas fueron identificadas como responsables, y el 95 % de ellas son menores de edad.

La medida se enmarca en un protocolo vigente que habilita a reclamar los gastos a los adultos responsables. En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, remarcó que la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro apunta a “efectivizar el cobro de los operativos”, cuyo costo puede oscilar entre los 5 y 6 millones de pesos dependiendo de la magnitud de cada intervención. “No es broma, es un delito”, enfatizó la funcionaria, al tiempo que advirtió que, al tratarse mayormente de menores, serán sus padres quienes deberán responder económicamente.

El fenómeno se intensificó tras una serie de hechos graves ocurridos a fines de marzo, entre ellos el homicidio de un adolescente de 13 años en la ciudad de San Cristóbal y dos tentativas de homicidio en un ámbito escolar, situaciones que derivaron en una ola de amenazas en instituciones educativas de toda la provincia. Estas intimidaciones se manifestaron a través de pintadas, carteles y mensajes que advertían sobre supuestos tiroteos, en algunos casos acompañados por armas reales o simuladas.

Desde el MPA informaron que los fiscales continúan con tareas de identificación y persecución penal de los autores. Hasta el momento se concretaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, con el secuestro de 51 elementos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, armas de fuego, armas blancas, pistolas de aire comprimido y municiones de distintos calibres .

En cuanto a la distribución territorial de las denuncias, la mayor concentración se registra en la Fiscalía Regional Nº 2, con 238 casos, seguida por la Región Nº 1 con 75 denuncias. Las restantes se reparten entre las regionales Nº 3 (33), Nº 4 (23) y Nº 5 (35). En esa misma línea, las personas identificadas se distribuyen en 23 en la Región Nº 2, 17 en la Nº 3, 15 en la Nº 1, 14 en la Nº 5 y 4 en la Nº 4.

Finalmente, desde el organismo judicial se hizo un llamado a la responsabilidad de los adultos, instando a extremar las medidas de seguridad en la tenencia de armas de fuego y materiales balísticos, remarcando que su resguardo adecuado resulta clave para prevenir este tipo de conductas y evitar consecuencias mayores.

Mientras tanto, desde el Gobierno provincial aseguraron que continuarán reforzando políticas educativas, de salud mental y seguridad, con el objetivo de garantizar que las escuelas vuelvan a consolidarse como espacios seguros de aprendizaje y contención.