La Jueza de Primera Instancia Griselda Strólogo dispuso este miércoles el cese del estado antijurídico y la inactivación física de dos inmuebles vinculados a causas por narcotráfico en Puerto General San Martín, medida que incluye el derrumbe o derribo de las estructuras.
La resolución judicial se adoptó a pedido del fiscal Franco Carbone, integrante del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y de la fiscal de san Lorenzo Natalia Benvenuto. Los domicilios afectados se ubican en Calle Pública 10 al 3500, a metros de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, y en calle Misiones al 100, ambos en Puerto General San Martín.
La decisión se enmarca en la causa iniciada tras los allanamientos realizados el pasado 10 de octubre, donde se incautaron más de seis mil envoltorios con cocaína, con un peso total de 4,2 kilogramos, y se detuvo a varias personas acusadas de integrar una red de comercialización de estupefacientes.
Antecedentes del caso
El lunes 13 de octubre pasado, en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, se desarrolló la audiencia imputativa contra Silvana G., Nelson P., Leonel V., Kiara D. y Brian A., todos acusados del delito de comercialización de estupefacientes.
La jueza Strólogo dispuso la prisión preventiva efectiva para Nelson P., Brian A., Leonel V. y Silvana G. hasta el 8 de enero de 2026, mientras que Kiara D. recuperó la libertad bajo reglas de conducta con vencimiento en la misma fecha.
Según la imputación, los acusados vendían drogas fraccionadas directamente al consumidor en el domicilio de Misiones al 100, con la colaboración de entre diez y veinte personas, entre ellas Nelson P. y Kiara D. Además, se determinó que parte de la droga era almacenada y preparada para la venta en otra vivienda cercana a la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Durante los allanamientos efectuados por Prefectura Naval Argentina, se hallaron envoltorios de cocaína tanto en el domicilio principal como entre las pertenencias personales de algunos de los imputados, lo que reforzó las sospechas sobre la existencia de un punto de venta activo y estructurado en la zona.
Con la medida dispuesta este miércoles, la Justicia avanza en la desarticulación material de los lugares utilizados para la venta de drogas, un paso que complementa las acciones judiciales y policiales realizadas en el marco de la lucha contra el microtráfico en la región.