Especial para SINTESIS, Por Gabriela Balbuena (*)

Cada vez que ocurre una situación grave en una escuela -como la reciente y dolorosa escena vivida en San Cristóbal- emerge una respuesta rápida, casi tranquilizadora: “faltan psicólogos”.

La frase ordena, simplifica y da la sensación de que el problema tiene una solución clara. Pero también corre el riesgo de reducir una problemática compleja a una única dimensión. Y es cierto: los equipos profesionales de salud mental son necesarios. Pero esa respuesta, por sí sola, resulta insuficiente.

Porque lo que está en juego en la escuela no es únicamente la salud mental individual, sino algo más amplio y, muchas veces, menos visible: la vida institucional.

Las situaciones de violencia, aislamiento o malestar profundo no irrumpen de manera repentina. Se van gestando en tramas cotidianas donde, con frecuencia no existen espacios sistemáticos de escucha; donde lo que se percibe no siempre se sabe cómo abordar; donde el malestar circula, pero no logra ser nombrado; donde los y las docentes sostienen más de lo que pueden, y cada vez pueden menos porque están agotados, sobre exigidos, desvalorados y desprestigiados; y donde la indiferencia frente al dolor ajeno comienza a naturalizarse.

Entonces, cuando las respuestas se vuelven automáticas, el riesgo es dejar intactas las condiciones que producen el malestar. Y en educación, las soluciones simplificadas no solo no alcanzan: muchas veces llegan tarde.

En este entramado, la pregunta ya no es solamente clínica. Es, ante todo, pedagógica e institucional.

Las escuelas necesitan poder preguntarse: ¿Dónde se dicen las cosas que preocupan? ¿Quién escucha y cómo lo hace? ¿Qué hacemos con aquello que vemos? ¿Cómo acompañamos sin sobrecargar aún más a quienes ya sostienen la tarea educativa?

Estas preguntas no pueden quedar libradas a la buena voluntad individual. Requieren ser pensadas, organizadas y sostenidas como parte de la vida institucional.

En este punto, también me parece fundamental revisar cómo se piensan las intervenciones desde los niveles de decisión. Con frecuencia, las orientaciones ministeriales se traducen en guías o recomendaciones que, si bien son necesarias, corren el riesgo de funcionar como respuestas estandarizadas frente a realidades profundamente diversas.

Cuando esas orientaciones no se acompañan de condiciones concretas para su implementación, las escuelas quedan, una vez más, libradas a sus propios recursos para “hacer lo que puedan” con lo que tienen. Algunas instituciones logran construir respuestas valiosas a partir del trabajo colectivo y la palabra compartida. Pero otras enfrentan condiciones mucho más adversas, donde el esfuerzo docente no alcanza para sostener lo que estructuralmente falta.

Por eso, el desafío no es solo ofrecer lineamientos, sino asumir la responsabilidad política de generar las condiciones que hagan posible el cuidado institucional: tiempos, equipos, formación situada y articulación real con otras áreas del Estado. De lo contrario, el riesgo es que el cuidado quede reducido a buenas intenciones o intervenciones aisladas -como la visita ocasional de un especialista- que difícilmente logren transformar las dinámicas institucionales en profundidad.

Fortalecer el cuidado institucional no es un complemento ni una medida accesoria. Es una definición política sobre qué escuela queremos sostener. Porque sin condiciones institucionales de cuidado, no hay enseñanza posible, ni aprendizajes posibles para que la educación ayude a hacer un mundo mejor.

(*) Docente, asesora pedagógica, formadora de docentes e investigadora. Desarrolla el enfoque Pedagogías del cuidado institucional.