El Círculo Regional de Prensa y Comunicación del cordón industrial emitió un duro comunicado donde advierte que el ninguneo estatal, judicial y privado a los medios de cercanía vulnera el derecho fundamental a la información.

Las recientes tragedias que terminaron con las muertes de Benjamín Scerra y Joaquín Fiant no solo provocaron un profundo dolor y conmoción social en la región del cordón industrial, sino que también abrieron un fuerte debate sobre el manejo de la comunicación pública por parte de las autoridades.

A través de un documento titulado “La indiferencia hacia los medios de cercanía vulnera el derecho a la información”, el Círculo Regional de Prensa y Comunicación -que nuclea a una treintena de periodistas, comunicadores y directores de medios locales- alzó la voz para denunciar el "desinterés sistemático" que sufren de manera habitual por parte de organismos públicos, el poder judicial y empresas privadas.

Un derecho constitucional en riesgo

Los firmantes sostienen que la exclusión de los medios locales en conferencias de prensa, entrevistas y canales oficiales de comunicación no es un simple cruce de "cortesía", sino una vulneración directa a los principios constitucionales.

“El derecho a la información exige la existencia de medios libres, activos y sostenidos en todos los niveles territoriales, especialmente en el ámbito local”, expresa el comunicado, amparándose en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales como la CADH y el PIDCP.

El texto critica con dureza la "lógica instrumental" de las instituciones, acusándolas de acudir a los periodistas de la región únicamente cuando necesitan difundir información territorial muy específica o recabar datos de la comunidad, pero marginándolos de las coberturas principales o las respuestas oficiales e inmediatas.

Violación a la transparencia activa

El documento pone el foco tanto en la esfera pública como en la privada. En el sector público, advierte que concentrar la comunicación oficial en determinados medios masivos o de alcance nacional por criterios de "conveniencia política" viola el principio de transparencia activa de la Ley 27.275. Asimismo, recordaron que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual exige garantizar el pluralismo informativo y la diversidad de voces.

En tanto, en referencia al sector privado, el texto recuerda a las grandes empresas con impacto territorial la obligación de mantener un relacionamiento genuino con su entorno, bajo los estándares internacionales de Responsabilidad Social y los Principios Rectores de la ONU.

Hacia el cierre del comunicado, el Círculo Regional de Prensa enfatizó que los medios de proximidad no deben ser vistos meramente como actores económicos, sino como "sujetos activos de la libertad de expresión y garantes esenciales del derecho ciudadano a la información".

Con una fuerte interpelación a quienes manejan los hilos del poder en la región, el escrito concluye: “Las autoridades -fiscales, jueces, legisladores y funcionarios ejecutivos- cuentan con las herramientas normativas para revertir esta situación. La pregunta es si existe la voluntad institucional para hacerlo. Tienen la palabra”.

El documento cuenta con respaldo técnico y la firma de referentes de radios, portales digitales y canales de streaming de San Lorenzo, Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y toda el área de influencia del cordón industrial.