Dr. Gustavo Franceschetti, abogado defensor del portero escolar imputado

En la audiencia imputativa, la defensa del portero de escuela, imputado bajo la gravísima figura de corrupción de menores, solicitó formalmente rechazar la prisión preventiva. El abogado defensor, Gustavo Franceschetti, atacó la "fragilidad probatoria" de la Fiscalía y argumentó la inexistencia de riesgo de fuga o entorpecimiento, ofreciendo una robusta caución patrimonial de 30 millones de pesos y el cambio de residencia del acusado.

Cuestionamiento a la Evidencia y la Calificación Legal

El núcleo de la argumentación defensiva giró en torno a la debilidad de la prueba presentada por el Ministerio Público Fiscal. El defensor del imputado, identificado como Martín, sostuvo que la mayor parte de la evidencia se basa en testimonios "doblemente de oídas", donde los padres solo relatan lo que escucharon de sus hijos, quienes a su vez lo escucharon de otros compañeros.

Un punto crucial fue la desmentida sobre el contenido pornográfico de una supuesta foto exhibida. Mientras que los testigos indirectos hablaron de material sexual, Franceschetti citó la declaración del único testigo directo, un menor, quien solo refirió haber visto "la carita de una chica" en una revista..

"Desproporción" del Delito Imputado

La defensa consideró que la calificación de Corrupción de Menores es "desproporcionada y exagerada" para los hechos investigados. Este tipo penal, que conlleva una pena de 6 a 15 años (similar a un abuso sexual con acceso carnal), es, a criterio de la defensa, inapropiada.

El Dr. Franceschetti argumentó que la ley exige un "resultado" de corrupción, es decir, que los actos hayan tenido el efecto de "depravar" o "alterar el desarrollo de la sexualidad" de los menores. El defensor sugirió que los actos del imputado podrían constituir una "incorrección" o "desubicación", pero están lejos de la "idoneidad manifiesta para corromper".

Medidas para neutralizar el riesgo de fuga y entorpecimiento

Para conjurar cualquier peligro de fuga, la defensa destacó el arraigo del imputado en la zona y su carencia de antecedentes penales o disciplinarios a lo largo de sus años de trabajo en diversas escuelas.

Como garantía adicional, se ofreció una caución patrimonial de $30 millones de pesos garantizada con el embargo de dos vehículos (uno del imputado y otro de su hermano) y otras medidas como obligación de presentarse semanalmente a la autoridad; prohibición de salir del país; y cambio de residencia inmediata a otra localidad, a una casa propiedad de la familia de su pareja, para evitar cualquier contacto con el entorno de las víctimas.

La defensa denunció un clima de violencia contra Martín R.

Finalmente, Gustavo Franceschetti alertó de un clima de violencia que rodea el caso, argumentando que el riesgo de entorpecimiento probatorio no emana del imputado, sino del entorno.

Se relató que, al momento de la detención, un grupo de aproximadamente 30 personas intentó "hacer justicia por manos propias", llegando a golpear a personal policial. Además, se presentaron capturas de pantalla de grupos de WhatsApp donde circulan amenazas serias de muerte e incitaciones a "prenderle fuego a la casa y al auto" del imputado y su familia.

La defensa pidió a la Fiscalía investigar estas amenazas, afirmando que no se puede "mirar para un costado" ante actos de violencia injustificada.