En una audiencia imputativa realizada entre el 13 y el 14 de noviembre, la Justicia provincial avanzó en el desmantelamiento de una peligrosa organización criminal que -según la Fiscalía- opera desde hace al menos dos años en distintas localidades del cordón industrial. Cuatro nuevos miembros fueron acusados por diversos delitos, en una causa cuyo liderazgo se atribuye a Walter G., actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero.

El Juez de Primera Instancia Rodrigo Santana dictó prisión preventiva efectiva para Sebastián T. y Alexis Z., y prisión preventiva domiciliaria para Lumila I., todas con vencimiento el 6 de febrero de 2026. En tanto, Lautaro T. fue imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego, aunque no se detalló la medida cautelar adoptada en su contra.

Acusaciones y roles dentro de la banda

Durante la audiencia, el Fiscal Federico Rébola presentó una acusación que describe una estructura piramidal con fuerte presencia familiar en su núcleo y con ramificaciones operativas en Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Carcarañá.

La organización, acreditada por la Fiscalía desde al menos el 13 de julio de 2023, estaría destinada a cometer “una multiplicidad de delitos graves”, como homicidios, extorsiones, amenazas, usurpaciones, robos y comercialización de estupefacientes.

Sebastián T. fue señalado como uno de los operadores internos del grupo. Está imputado por asociación ilícita agravada, tenencia ilegítima de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Fue detenido el 6 de noviembre en Capitán Bermúdez, donde se secuestraron un arma calibre 22 LR, municiones, plantas de cannabis, 22 gramos de marihuana y una planilla de ventas. Según la acusación, era uno de los encargados de “amenazas, tiroteos y tareas vinculadas a la comercialización de drogas”.

En tanto, Alexis Z. fue imputado por asociación ilícita agravada. Para la Fiscalía, integraba el “brazo armado” del grupo y cumplía tareas de logística, distribución de drogas y acciones de seguridad y coacción.

Por su parte, Lumila I. fue acusada de extorsión consumada. El hecho atribuido ocurrió a mediados de octubre, cuando habría participado de una maniobra extorsiva contra una familia de Capitán Bermúdez, a quienes -según la investigación- se les exigió el pago de una deuda vinculada al narcomenudeo mediante amenazas con armas de fuego.

Una estructura criminal dirigida desde prisión

La investigación sostiene que, pese a estar alojado en el pabellón 25 de la cárcel de Piñero, Walter G. mantenía el control de la organización mediante visitas, comunicaciones irregulares y órdenes impartidas a distintos integrantes. Incluso, según se expuso en la audiencia, habría ordenado ataques de alto impacto público, como el ataque contra un colectivo de personal penitenciario ocurrido el 2 de marzo de 2024.

En el nivel organizativo, se ubica a la madre del líder, Marta G., acusada de administrar y financiar los puntos de venta de droga en Capitán Bermúdez, y a Joana R., pareja de G., quien habría transmitido órdenes a los miembros que operaban en la calle. También se menciona a Ricardo D., señalado por impartir directivas desde el pabellón 10 de Piñero mediante telefonía móvil, con intervención en hechos violentos, entre ellos tentativas de homicidio.

El grupo operativo lo habrían integrado, además de los imputados Sebastián T. y Alexis Z., personas encargadas de ataques armados, logísticas de vehículos y provisión de armas, así como familiares directos del líder. La Fiscalía remarcó la participación de menores de edad, un agravante central dentro de la acusación.

Una investigación que suma imputados y revela una trama compleja

Los nuevos acusados se suman a los once integrantes imputados en agosto de este año, en una causa que continúa en expansión. La Fiscalía sostiene que la organización mantenía una estructura estable, división de roles y un funcionamiento sostenido en el tiempo, con capacidad para cometer delitos graves de forma coordinada.

Con las medidas cautelares dictadas, la investigación continuará en los próximos meses mientras se avanza hacia la etapa preliminar del juicio.