
La histórica papelera enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia centenaria. Atrapada entre una profunda reestructuración de pasivos, la intervención de empresas subsidiarias clave y un creciente conflicto sindical por el pago de salarios, el rescate de la compañía demandará mucho más tiempo del previsto.
El rescate financiero de Celulosa Argentina se topó con un obstáculo temporal significativo. El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Primera Nominación de San Lorenzo (Santa Fe) decidió modificar y extender el cronograma de su concurso preventivo.
Según trascendió, la sindicatura presentará recién el 30 de marzo de 2027 el informe individual que determinará qué acreencias serán admitidas y sus respectivos montos. El motivo de la demora se relaciona con la abrumadora cantidad de pedidos de verificación de créditos presentados por bancos, proveedores, trabajadores y el Estado, sumado a la complejidad de analizar cada reclamo.
Previamente, el 10 de noviembre de este año, es la fecha para la presentación de un informe de avance de la revisión documental.
El pasivo inicial estimado al momento de la presentación superaba los u$s 140 millones, desatado tras la imposibilidad de afrontar vencimientos de corto plazo por unos u$s 18,5 millones.
Intervención de activos clave y el rol de CIMA Investments
La crisis derivó en un cambio de manos. El 19 de septiembre de 2025, Esteban Nofal, titular de CIMA Investments, tomó el control de la compañía adquiriendo el 45,5% de las acciones por el valor simbólico de un dólar.
El plan de rescate incluyó asumir un pasivo financiero global superior a los u$s 128 millones y una OPA obligatoria que cerró con adhesión marginal en marzo de 2026. También se contemplaba una inyección de capital de trabajo por u$s 18 millones para reactivar las plantas de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires).
Sin embargo, el frente judicial sumó otro golpe: la Justicia Comercial dispuso la intervención plena de Forestadora Tapebicuá S.A.U., empresa controlada por Celulosa y pilar fundamental en el abastecimiento de madera.
María Anahí Cordero fue designada interventora, desplazando a la administración actual para preservar los activos hasta el inicio del período de exclusividad pautado para octubre de este año.
Tensión con los trabajadores y cesación de pagos
A nivel operativo y humano, la crisis expone su cara más cruda. La empresa, que ya había anunciado formalmente su entrada en cesación de pagos (imposibilitada de cubrir obligaciones negociables y cheques diferidos debido a una caída del 30% en ventas y altos costos en dólares), enfrenta ahora un duro choque con los gremios.
En una reciente audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la patronal expuso sus severas dificultades de liquidez y presentó una oferta polémica: pagar el 30% de los salarios de forma inmediata; abonar el 70% restante la semana siguiente, atado a la obtención de un crédito, con la condición de que los trabajadores no realicen medidas de fuerza, solicitando además una conciliación obligatoria preventiva.
Los referentes gremiales, rechazaron tajantemente la propuesta. Además, expresaron un fuerte malestar ante las acusaciones de la empresa sobre supuestos sabotajes en la maquinaria del complejo de Capitán Bermúdez.
Las negociaciones se encuentran actualmente estancadas a la espera de una resolución de la cartera laboral.
