FOTO: Juan Gauna junto al secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira

Mientras el conflicto policial en la provincia de Santa Fe parece haber cesado en su etapa más intensa tras los anuncios realizados por el gobernador Maximiliano Pullaro, desde la Unidad Regional XVII de San Lorenzo aseguran que los reclamos de fondo siguen vigentes y proponen formalizar una mesa de diálogo con representación de toda la provincia.

Juan Gauna, policía retirado y vocero de los trabajadores policiales de la UR XVII, explicó em diálogo con SINTESIS que junto a su esposa fue elegido por personal en actividad, jubilados, retirados y familiares para representar los planteos ante el Ministerio de Seguridad.

Gauna relató que presentaron un protocolo con distintos puntos, algunos coincidentes con el planteo impulsado por el abogado Gabriel Sarla, quien representó a los efectivos concentrados en la Jefatura de Rosario. Entre esos ejes centrales figuraban la recomposición salarial y el levantamiento de sanciones a policías puestos en disponibilidad.

Aunque el representante sanlorencino no pudo ingresar a la reunión mantenida entre Sarla y el ministro en Rosario, sí logró entrevistarse con el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira. Allí expuso una propuesta concreta de salario que “oscilaba entre 1.800.000 y 2.000.000 pesos”, además de pedir que los subsidios y beneficios se extendieran a todo el personal de la provincia y no solo a determinadas ciudades.

Según Gauna, mientras en Rosario el foco estuvo puesto en la recomposición salarial y las disponibilidades, desde San Lorenzo llevaron un planteo más amplio que incluyó desarraigo, condiciones horarias, transporte y salud mental. “En resumen, se tomó en contexto lo que había presentado el doctor Sarla y algunos de los ítems que nosotros presentamos; si bien no era lo que queríamos, algo se logró”, sostuvo.

Respecto a los anuncios del gobernador, Gauna fue claro: “Exactamente, creo que es un salario muy bajo”. Señaló que, aunque el Ejecutivo informó que el básico mínimo se calculó según el índice de inflación -en torno a 1.340.000 pesos-, para el sector eso no resuelve el deterioro acumulado.

En ese marco, remarcó que los trabajadores uniformados carecen de representación gremial formal: “La policía no tiene ninguna representación ni tiene voz. No están agremiados”. Por eso, consideró que la única vía posible es institucionalizar un ámbito de negociación.

Manifestación en San Lorenzo, días atrás

La propuesta: una mesa de diálogo provincial

Desde la UR XVII impulsan ahora la conformación de una mesa de diálogo con representantes de cada unidad regional. Gauna adelantó que esta semana enviará un correo formal para solicitar audiencia y plantear la iniciativa ante el Ministerio.

“Creo que esa sería la única forma de llegar al Ministerio para que se enteren qué es lo que necesita el empleado”, afirmó. La idea sería que cada unidad regional designe un representante, elegido por votación u otro mecanismo consensuado, que exprese los reclamos comunes.

Para el vocero, la prioridad es clara: “La recomposición salarial es lo más importante, porque de ahí se desprenden los demás problemas”.

Un reclamo sin sanciones en San Lorenzo

En cuanto a las movilizaciones locales, Gauna destacó que en San Lorenzo no hubo sanciones ni amenazas. A diferencia de Rosario, donde se detuvieron móviles frente a la Jefatura, en esta ciudad optaron por una modalidad distinta.

“Acá los empleados que estaban trabajando no pararon, pero sabíamos que nos estaban apoyando. Pasaban con los móviles frente a nuestra concentración y hacían sonar las sirenas. En esas manifestaciones no se quemaron gomas, ni nada parecido”, relató y reveló: "a Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio, le expresamos la forma en que se estaba manifestando San Lorenzo. Dijo, ‘es un reclamo legítimo y está muy bien que lo hagan así, porque así lo van a escuchar desde el Ministerio’”. 

Con las manifestaciones desactivadas, desde la UR XVII confían en que la mesa de diálogo pueda abrir un canal institucional para discutir una recomposición salarial integral y condiciones laborales que, aseguran, siguen lejos de lo que el personal necesita.