La decisión del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe de remitir actuaciones a la Justicia contra 20 agentes policiales que participaron de una protesta por mejoras salariales y laborales vuelve a encender el debate sobre la criminalización de los reclamos dentro de las fuerzas de seguridad.

Según un reporte oficial, este martes 10 de febrero la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción Rosario recibió documentación elaborada por el área de Asuntos Internos del Ministerio, vinculada a hechos ocurridos durante la madrugada en las inmediaciones de la Jefatura de de la UR II. En esa presentación se sostiene que los agentes involucrados “no habrían cumplido con el servicio al que estaban afectados”.

A partir de ese envío, el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación penal preparatoria por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, una calificación que, lejos de resultar neutral, coloca bajo sospecha penal a trabajadores que se sumaron a una protesta de carácter pacífico y de larga data.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia y Turno y de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Sin embargo, lo que genera mayor preocupación no es sólo la apertura de la causa, sino el mensaje político que subyace en la decisión ministerial de judicializar el conflicto, en lugar de canalizarlo por vías administrativas, paritarias o de diálogo institucional.

El punto más delicado del informe aparece en su tramo final, donde se advierte que la Fiscalía también analizará si la conducta de los agentes “comprometió la seguridad pública”, especialmente en el caso de que se hubiera producido un hecho delictivo que “pudo haberse evitado” con la prestación normal del servicio. Esa afirmación, de carácter hipotético, funciona en los hechos como una advertencia: cualquier delito ocurrido durante la protesta podría ser utilizado como argumento para agravar la situación penal de los manifestantes.

En un contexto de reclamos reiterados por salarios deteriorados, extensas jornadas laborales y condiciones de trabajo cuestionadas incluso por sectores oficiales, la decisión de avanzar con una investigación penal contra 20 agentes parece más orientada a disciplinar que a resolver el conflicto de fondo.

Lejos de aportar soluciones, el accionar del Ministerio profundiza la tensión interna y expone una estrategia que transforma un reclamo laboral legítimo en un problema de orden penal.