El fiscal regional Matías Merlo ratificó la decisión adoptada por las fiscales que investigaron la presentación de un grupo de padres y abogados. El Ministerio Público de la Acusación sostuvo que no se reunieron elementos para fundamentar una persecución penal.
El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, confirmó la desestimación de una denuncia penal contra tres psicólogas cuestionadas por su intervención en causas de presunto abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, en el marco de conflictos familiares.
La decisión fue comunicada este miércoles por la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que informó que Merlo revisó y convalidó el criterio de las fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Estratégicas.
La presentación había sido realizada por un grupo de padres y abogados, que atribuía a las profesionales la presunta comisión de los delitos de falso testimonio agravado, asociación ilícita y corrupción de menores. Los denunciantes sostenían que se habían utilizado informes con patrones similares y sin suficiente rigor científico para respaldar denuncias de abuso en disputas parentales.
La denuncia fue presentada en septiembre de 2025 y adquirió repercusión pública en marzo de 2026. Las profesionales fueron vinculadas en la presentación con la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS), entidad que rechazó las acusaciones.
La desestimación inicial se conoció públicamente a comienzos de octubre. La resolución anunciada ahora responde al pedido de revisión que formularon los denunciantes contra aquella decisión.
Los fundamentos de la resolución
Según el parte oficial, la Fiscalía concluyó que las diferencias sobre metodología, neutralidad, rigor científico o conclusiones de los informes psicológicos no constituyen, por sí solas, falso testimonio. Para sostener esa acusación, indicó, debía acreditarse una falsedad deliberada, algo que no surgió de los elementos reunidos.
También señaló que los sobreseimientos, archivos o absoluciones en las causas tramitadas contra los denunciantes no demuestran automáticamente que las profesionales hayan cometido un delito.
Respecto de la presunta asociación ilícita, el MPA informó que no se comprobó una estructura organizada con fines delictivos entre las psicólogas ni a través de AEVAS. Añadió que la coincidencia de criterios metodológicos o el cobro de honorarios no permiten, sin otras pruebas, inferir la existencia de un acuerdo criminal.
En cuanto a la acusación de corrupción de menores, la resolución consideró que las evaluaciones y abordajes analizados fueron intervenciones profesionales orientadas al tratamiento y la contención de niños, niñas y adolescentes, sin que se detectaran conductas dirigidas a afectar su desarrollo sexual.
Medidas realizadas y posibles revisiones
Fiscalía indicó que durante la investigación se analizaron legajos penales y civiles, historias clínicas, estatutos institucionales e informes del Colegio de Psicólogos. También se realizó una consulta técnica a una especialista en psicología infantil de la Universidad de Buenos Aires.
En la revisión, Merlo consideró que las medidas solicitadas por los denunciantes habían sido evaluadas y que no correspondía necesariamente producir todas las diligencias propuestas cuando fueran impertinentes, inconducentes o pudieran afectar derechos, entre ellos la intimidad de los niños involucrados.
El MPA aclaró que su análisis se limitó al ámbito penal y que eventuales cuestionamientos éticos o vinculados con el ejercicio profesional corresponden a los órganos de control del Colegio de Psicólogos.
La Fiscalía informó que los denunciantes pueden solicitar una nueva revisión ante la Fiscalía General de la provincia. Si allí se mantiene el criterio, podrán intentar impulsar la persecución penal mediante la figura del querellante exclusivo.
La resolución sobre las psicólogas no implica una nueva decisión sobre cada una de las denuncias de abuso ni sobre los regímenes de contacto familiar involucrados en los casos originales.