Fue la quinta intervención en la ciudad y elevó a 102 el total de inmuebles inactivados en el departamento Rosario. En el marco de la investigación se secuestró cocaína y fue detenido un hombre.

Un nuevo punto de venta de drogas fue demolido este viernes en la ciudad de Pérez, en un procedimiento supervisado por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El inmueble estaba ubicado en Richieri 2165.

Según informó el Gobierno provincial, se trató de la quinta intervención de estas características en Pérez. Con este derribo, el número de inmuebles inactivados llegó a 102 en el departamento Rosario y a 150 en toda la provincia.

El fiscal Matías Ocariz explicó que la investigación comenzó a partir de intervenciones del Comando Radioeléctrico de la zona, que permitieron advertir indicios de comercialización de estupefacientes y situaciones de violencia vinculadas con la actividad del lugar.

En el marco del procedimiento se secuestraron 82 gramos de cocaína distribuidos en cerca de 400 envoltorios. Además, fue detenido un hombre mayor de edad y dos adolescentes de 17 años quedaron vinculadas a una causa bajo el Régimen Penal Juvenil.

Ocariz señaló que la Fiscalía solicitó el cese de la actividad del inmueble. La medida fue concedida por un juez y permitió avanzar con la demolición.

“El comercio de estupefacientes afecta la salud pública, pero también genera intranquilidad en los barrios y hechos de violencia alrededor de estos lugares”, sostuvo el fiscal. También destacó que uno de los objetivos del MPA es recuperar condiciones de tranquilidad para los vecinos.

Por su parte, el coordinador operativo Claudio Romano remarcó la continuidad de los procedimientos y aseguró que las intervenciones responden a situaciones que afectan la vida cotidiana en los barrios. “La gente se pone muy contenta cuando llegamos para realizar los derribos y nos pide que sigamos trabajando”, expresó.

La actuación se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y puesta en marcha a comienzos de 2024. La normativa articula el trabajo de las autoridades provinciales, el MPA, la Justicia y la Policía santafesina, con la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.