Por César Ríos
Hoy los debates políticos carecen, muchas veces, de la solidez y la profundidad necesarias para abordar los múltiples problemas que enfrentan las sociedades. Esa pobreza también alcanza a los discursos de algunos medios de comunicación que, inmersos en un empobrecimiento intelectual generalizado, se expresan como tribuneros de una cancha de fútbol. Así, circulan expresiones que van desde el odio más acérrimo hasta las vulgaridades más desopilantes.
En San Lorenzo, el enfrentamiento entre un sitio digital y tres concejales de la oposición vuelve a poner sobre la mesa la relación entre política, periodismo y pauta oficial. Así las cosas, la primera diferencia debería hacerla el político, quien se supone que, si quiere ser un buen dirigente, puede ver un poco más allá en la sociedad y es quien debe distinguir en primer lugar entre sitios digitales y medios de comunicación.
En diferentes situaciones se han realizado numerosas críticas al sector opositor integrado por Martín Cerdera, Jazmín Petrillo y Esteban Aricó, quienes han elegido en esta coyuntura histórica responder desde sus propios espacios digitales, acusando a otro de participar en una campaña en su contra promovida por la municipalidad.
Hasta allí, se trata de una confrontación conocida, abundante y repetida como en distintos lugares del país. Sin embargo, la discusión adquiere una dimensión institucional cuando se vinculan esas críticas con los recursos que el municipio destina a la publicidad oficial.
Según explicó Cerdera, en febrero presentaron un pedido de informes al Ejecutivo para conocer cuánto dinero recibe un sitio digital. El concejal sostiene que la Municipalidad le paga para atacar a la oposición. Ante la falta de respuesta, ahora presentaron un pronto despacho para reclamar la información solicitada.
En San Lorenzo hemos vivido muchos enfrentamientos entre medios y dirigentes políticos. Medios que cuestionaban a determinados funcionarios y funcionarios que se defendían de esas críticas, a veces poniendo en duda la honestidad del trabajo periodístico. Ya lo dice el refrán “piensa el ladrón que todos son de su condición”.
Recuerdo el caso de SÍNTESIS y el fallecido Pedro Alberto Rodríguez, quien solía preguntarse cuánto cobrábamos para atacarlo y mentir de aquella manera. Frente a esas acusaciones, la respuesta quedó plasmada en una frase popular que marcó aquella época: “SÍNTESIS no miente”. Con el tiempo, los hechos nos dieron la razón, pues Rodríguez fue condenado por delitos de lesa humanidad.
Como medio de comunicación, sabíamos lo que hacíamos y podíamos fundamentarlo. Esa también era una de las razones por las que los lectores nos elegían y nos siguen eligiendo entre distintas propuestas periodísticas. Y cuando nos preguntaban por la pauta oficial, respondíamos sin rodeos: “Sí, claro que tenemos”. Cuando se nos la negaba como castigo por nuestra línea editorial, reclamábamos el derecho a recibir un trato equitativo.
Un medio de comunicación ofrece un servicio a la comunidad. Su credibilidad se construye con el trabajo cotidiano, con la información que publica y con la capacidad de sostener lo que afirma. Es la comunidad la que, en última instancia, decide acompañarlo o rechazarlo.
El caso de Editorial Perfil frente al Estado nacional constituye un antecedente relevante. La Corte Suprema respaldó su reclamo ante una distribución discriminatoria de la publicidad oficial. El principio es claro: el Estado no debe utilizar la pauta para premiar afinidades ni castigar posiciones editoriales.
Hoy los medios atraviesan profundas transformaciones tecnológicas y dificultades económicas. Su función comunitaria merece ser reconocida, y la distribución de la publicidad oficial debe realizarse con criterios transparentes y equitativos. Durante la pandemia, incluso, el trabajo de los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos fue incluido entre las actividades esenciales.
Por supuesto, pedir información sobre el destino de los fondos públicos es legítimo y corresponde que el Ejecutivo dé una respuesta. Pero recibir pauta oficial no demuestra, por sí mismo, que un medio cobre para atacar a alguien. Esa acusación requiere fundamentos que vayan más allá de la existencia de una relación publicitaria con el municipio.
Pretender resolver una disputa política reduciendo el trabajo de un medio a cuánto cobra es un error. Si una información es falsa, corresponde refutarla con hechos. Si una crítica es injusta, corresponde discutir sus argumentos. Descalificar al medio únicamente por sus ingresos empobrece el debate y desplaza la atención de aquello que debería discutirse.
También es justo mencionarlo, que hemos visto con cierta impotencia cómo candidatos locales opositores a Raimundo han dilapidado fortunas en redes sociales manejadas por la "mirada bella" de un operador de cabotaje, amparados por las madrigueras de las redes. Y cuando decimos fortunas no exageramos un ápice.
En definitiva, será la ciudadanía la que juzgue a unos y otros: a los políticos por sus decisiones y a los medios y periodistas por su trabajo. En una realidad cada vez más compleja, atravesada por múltiples superficialidades, hace falta recuperar la profundidad del debate y la responsabilidad de la palabra. Sino todo se convierte en un cambalache de intereses mezquinos.