El fiscal regional de Rosario revocó el archivo del expediente y ordenó nuevas medidas de prueba. La defensa del mediocampista había apelado el cierre inicial, logrando un giro clave en una investigación que expone los peligros del juego clandestino en el ámbito deportivo.
La pesadilla judicial del mediocampista Jonatan Gómez sumó un capítulo decisivo. Tras una resolución del fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, se ordenó desarchivar la causa que investiga una denuncia por presuntas extorsiones, coacciones y la firma forzada de pagarés por cerca de 500.000 dólares.
El fallo deja sin efecto el cierre que el fiscal Aquiles Balbis había dictado en agosto pasado, al considerar que la investigación se había interrumpido de forma prematura y sin agotar las medidas de prueba indispensables para esclarecer los hechos.
El caso, que sacude al fútbol argentino y pone nuevamente el foco en el submundo de las apuestas online y el juego clandestino, se remonta a mediados de 2025. Según la denuncia impulsada por el actual jugador de Sarmiento de Junín (y con pasos anteriores por Rosario Central y Racing), todo comenzó cuando acumuló deudas en plataformas de apuestas digitales.
A partir de allí, el calvario escaló rápidamente hacia la violencia física y psicológica. De acuerdo con el relato judicial, el deportista comenzó a recibir mensajes intimidatorios. El punto crítico se habría gestado en dos momentos precisos:
Agosto de 2025: Gómez habría sido interceptado y amenazado tras una práctica futbolística en Junín.
Octubre de 2025: El jugador denunció que fue trasladado contra su voluntad hacia una escribanía de la misma ciudad, donde —bajo amenazas de muerte— lo obligaron a firmar cuatro pagarés por una cifra cercana al medio millón de dólares, muy por encima de cualquier compromiso económico real derivado de la apuesta original.
El tire y afloje judicial
La reapertura del expediente llega tras una apelación presentada por la querella. Meses atrás, el fiscal Balbis había desestimado las acusaciones al sostener que existían contradicciones, como la supuesta ausencia de los acusados en Junín el día de una de las amenazas, o indicios de que el propio futbolista había coordinado los encuentros.
Sin embargo, el fiscal regional Merlo advirtió que la investigación requería mayor profundidad antes de dar vuelta la página. En su nueva directiva, ordenó una batería de medidas orientadas a reconstruir la verdad histórica:
Declaraciones testimoniales: Tomarle formalmente declaración a Jonatan Gómez, convocar a testigos clave y citar a la escribana que dio fe de los documentos cuestionados.
Peritaje de comunicaciones: Incorporar al expediente los chats, mensajes y registros telefónicos entre el futbolista y los denunciados.
Cruzamiento de datos viales: Solicitar informes a sistemas como Telepase y concesionarios viales para corroborar los desplazamientos y la presencia real de los sospechosos en las fechas señaladas.
La decisión judicial no implica por el momento dar por sentado el delito, sino garantizar que la justicia investigue a fondo un entramado oscuro.