Sara Nicole Marconi sostiene que realizó tareas de fotografía y manejo de redes sociales sin registración laboral. El edil niega haber sido su empleador y afirma que se trataba de una colaboración militante. La Justicia fijó una audiencia para el 6 de noviembre.

Una vecina de San Lorenzo inició una demanda laboral contra el concejal de Rosario Mariano Romero y reclama $5.531.208, más intereses y costas, por un vínculo de trabajo que, según sostiene, no fue registrado. El expediente tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la Tercera Nominación de Rosario, a cargo de María Silvia Albertti.

La demandante, Sara Nicole Marconi, representada por el abogado Ramiro Díaz Albano, afirma que comenzó a desempeñar tareas para Romero el 29 de junio de 2023 y que se consideró despedida el 12 de junio de 2026, luego de intimar a la regularización de su situación laboral.

Según la demanda, sus funciones comprendían el manejo de redes sociales, la cobertura fotográfica y audiovisual de actividades políticas y barriales, y la producción y edición de contenido vinculado al Movimiento Evita Zona Oeste y a la actividad del concejal. Marconi sostiene que esas tareas eran habituales y se realizaban bajo las órdenes del demandado.

La presentación señala que trabajaba entre tres y cinco días por semana, en ocasiones durante los fines de semana, con jornadas que podían extenderse hasta doce horas. También afirma que percibía $100.000 mensuales y que no recibía pagos por horas extras, aguinaldo, vacaciones ni aportes. Esas afirmaciones forman parte del reclamo y son controvertidas por la defensa.

Marconi intimó a Romero mediante un telegrama del 5 de mayo de 2026. Tras la respuesta negativa del edil, comunicó el 12 de junio que se consideraba despedida. Para respaldar su demanda presentó telegramas, capturas de conversaciones de WhatsApp, comprobantes de transferencias e imágenes de las actividades que afirma haber cubierto.

Romero, con el patrocinio del abogado Manuel Villafañe, pidió el rechazo íntegro de la demanda. En su contestación reconoce que Marconi participó en actividades de comunicación, redes sociales y difusión dentro del Movimiento Evita, pero sostiene que lo hizo de manera voluntaria y sin remuneración laboral, en el marco de su militancia.

El concejal niega haberla contratado, fijado horarios de trabajo, ejercido facultades propias de un empleador o abonado un salario. Además, afirma que los importes de aproximadamente $100.000 que recibió Marconi provenían del Concejo Municipal de Rosario y correspondían a subsidios destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

Sobre ese punto, la defensa solicitó que el Concejo informe si Marconi fue beneficiaria de esos subsidios, sus fechas y montos, la finalidad de los pagos y los antecedentes administrativos correspondientes. También cuestionó los conceptos y la base de cálculo utilizados para determinar el monto reclamado.

La demanda fue admitida a trámite el 22 de junio de 2026. Posteriormente, mediante una providencia del 24 de agosto, el juzgado fijó una audiencia para el 6 de noviembre de 2026 a las 9.30 y dispuso que la parte demandada presente la documentación requerida.