La Justicia ordenó una medida cautelar por hasta 80 millones de pesos sobre los bienes de una empresa en liquidación. La causa también incluye un pedido de remoción del liquidador y una demanda por presuntos daños al patrimonio social.

Un conflicto societario que se tramita en la Justicia puso al descubierto la situación de "El Origen Parques y Jardines S.R.L.", un vivero ubicado en la ciudad de Pérez que, pese a encontrarse en proceso de liquidación desde 2011, continuaría desarrollando su actividad comercial.

La controversia involucra a Eduardo Damián Binaghi, designado liquidador de la firma hace catorce años. Según surge del expediente judicial, durante ese periodo la sociedad habría seguido operando y Binaghi habría percibido un salario como empleado de la misma empresa cuya liquidación tenía a su cargo.

El otro socio de la firma, titular del 50 % del capital social, sostiene que dejó de concurrir al establecimiento tras haber sido víctima de amenazas y lesiones, hechos que fueron denunciados ante el Ministerio Público de la Acusación.

En ese contexto, el abogado patrocinante, el Dr. Lisandro Silberstein, obtuvo una medida cautelar mediante la cual la Justicia ordenó el embargo preventivo de la totalidad de los bienes muebles de la sociedad ubicados en sus dos predios de Pérez. La resolución, ejecutada por la jueza con competencia en esa jurisdicción, alcanza un monto de hasta 80 millones de pesos, destinado a cubrir capital reclamado, intereses y costas del proceso.

La medida judicial designó además a Binaghi como depositario judicial de los bienes embargados, función que implica responsabilidades tanto civiles como penales respecto de su conservación.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, existirían constataciones notariales que darían cuenta de presuntas irregularidades registrales, operaciones realizadas fuera de los libros societarios y documentación contable que no se encontraba en la sede legal de la empresa. Asimismo, un informe del Banco Municipal indicó que la única cuenta bancaria de la sociedad carecía de fondos susceptibles de embargo.

Entre los elementos mencionados en la causa también figura que la cuenta de Instagram del vivero fue utilizada para comunicar que el establecimiento continuaba funcionando "bajo su dirección exclusiva".

El expediente se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia de Rosario. Además del embargo preventivo, la Justicia deberá resolver el pedido de remoción del liquidador y una acción de responsabilidad mediante la cual se reclaman presuntos daños al patrimonio social por una suma millonaria.