La Justicia dictó penas de entre dos y siete años de prisión efectiva para tres personas juzgadas por hechos ocurridos en septiembre de 2024 en un domicilio de calle Silvestre Begnis al 300. Durante los procedimientos, Gendarmería Nacional secuestró marihuana, cocaína, dinero en efectivo, una balanza de precisión y una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida. Dos de los acusados fueron absueltos de los delitos vinculados con el arma de fuego.

Este lunes finalizó en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo un juicio oral por comercialización de estupefacientes, tenencia ilegal de armas y encubrimiento, que concluyó con la condena de tres personas a penas de prisión efectiva. El proceso estuvo a cargo de la jueza de Primera Instancia Fabiola Piemonte, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La sentencia estableció penas de siete, cuatro y dos años de prisión para los acusados, aunque con diferentes grados de responsabilidad penal y absoluciones parciales respecto de algunos de los delitos atribuidos originalmente.

Según informó la Fiscalía, el tribunal condenó a Cristian A. a siete años de prisión efectiva y multa, al considerarlo autor de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización. Este último delito concurrió idealmente con encubrimiento por receptación dolosa.

Por su parte, Delfina Y. recibió una condena de cuatro años de prisión efectiva y multa, como partícipe primaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sin embargo, fue absuelta de las acusaciones por tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento por receptación dolosa.

Finalmente, Juan Y. fue condenado a dos años de prisión efectiva y multa, como partícipe secundario en la tenencia de drogas destinadas a la comercialización. Al igual que Delfina Y., resultó absuelto de los delitos relacionados con el arma de fuego.

El procedimiento que dio origen a la investigación

Los hechos investigados se remontan al 16 de septiembre de 2024, alrededor de las 21.30, cuando efectivos de Gendarmería Nacional Argentina realizaban tareas en inmediaciones de calle Silvestre Begnis al 300, en la ciudad de San Lorenzo.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por los fiscales Melisa Serena y Diego Giro, los uniformados observaron a Cristian A. y a una mujer identificada en el relato de los hechos como Verónica Y., quienes se encontraban sentados en la vereda de una vivienda.

Al advertir la presencia de los gendarmes, ambos intentaron ingresar rápidamente al inmueble, pero detuvieron su marcha cuando los efectivos les impartieron la voz de alto.

Durante la intervención, el personal de Gendarmería advirtió que llevaban una caja de cartón que contenía sustancias estupefacientes fraccionadas y dinero en efectivo.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, salió de la vivienda Juan Agustín Y., quien también fue interceptado y aprehendido por los uniformados.

La inspección permitió localizar otros elementos vinculados con la presunta actividad de comercialización de drogas.

Entre los secuestros iniciales, la Fiscalía detalló 544,8 gramos de marihuana, distribuidos en distintas fracciones; un paquete de 1.170,5 gramos de cocaína, que se encontraba abierto y había sido manipulado para su fraccionamiento; una suma de 1.499.820 pesos en efectivo; una balanza de precisión y un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros, descargado.

Parte de estos elementos fue encontrada dentro de un balde similar a los utilizados para pintura, donde los investigadores localizaron el paquete de cocaína, la balanza y más dinero.

El allanamiento y el hallazgo de una pistola con numeración suprimida

La investigación continuó al día siguiente, el 17 de septiembre de 2024, cuando se ejecutó una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones del arroyo y avenida Silvestre Begnis.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron numerosas bolsas de nylon que, según la hipótesis fiscal, estaban destinadas al fraccionamiento de sustancias estupefacientes.

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo debajo de un mueble modular, donde fue localizada una pistola semiautomática Bersa calibre 9 milímetros, con la numeración suprimida y once cartuchos intactos.

También se encontró una pequeña planta de marihuana en una maceta y, en el patio de la vivienda, una bolsa de consorcio enterrada que contenía un chaleco balístico.

La inspección incluyó la participación de un perro especializado en detección de estupefacientes, que permitió localizar tres envoltorios con una sustancia blanquecina ocultos dentro de ladrillos huecos en una de las habitaciones.

Los análisis posteriores confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 61,58 gramos. Además, se secuestraron otros 2,25 gramos de marihuana.

El origen ilícito del arma y las responsabilidades penales

Otro de los aspectos abordados durante el juicio fue la procedencia de la pistola Bersa TPR9c calibre 9 milímetros encontrada en el domicilio.

La acusación fiscal sostuvo que el arma había sido recibida en una fecha no determinada, con conocimiento (o con la obligación de conocer) que provenía de un hecho ilícito en el que su receptor no había participado.

Esta circunstancia dio lugar a la imputación por encubrimiento mediante receptación dolosa, además de la tenencia de arma de fuego de guerra sin autorización legal. Sin embargo, al momento de dictar sentencia, la jueza Piemonte estableció diferentes responsabilidades entre los acusados.

Mientras Cristian A. fue condenado por los delitos relacionados con los estupefacientes y el arma de fuego, Delfina Y. y Juan Y. fueron absueltos de las imputaciones vinculadas con la pistola, aunque recibieron condenas por su participación en la tenencia de drogas con fines de comercialización.

De esta manera, el juicio oral concluyó con tres condenas de cumplimiento efectivo y puso fin a una instancia judicial iniciada a partir de los procedimientos realizados por Gendarmería Nacional en septiembre de 2024, en un sector de San Lorenzo cercano al arroyo.