En los tribunales de San Lorenzo, el juez Ariel Cattaneo admitió la acusación contra Esteban Ramón Delgado por abusos cometidos contra sus hijas cuando tenían entre 9 y 13 años. La Fiscalía y la querella solicitaron una pena de 16 años y 6 meses de prisión y lograron frenar un pedido de arresto domiciliario.

La causa que investiga los abusos denunciados por dos hermanas contra su propio padre dio un paso decisivo hacia la resolución judicial. Este jueves se llevó a cabo en los tribunales de San Lorenzo la audiencia preliminar contra Esteban Ramón Delgado, instancia en la que el juez Ariel Cattaneo resolvió admitir la acusación, disponer la apertura del juicio oral -que se desarrollará bajo la modalidad de tribunal unipersonal- y confirmar que el imputado llegue al debate detenido.

Durante la audiencia, tanto el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como la parte querellante formalizaron el ofrecimiento de pruebas y ratificaron su pretensión punitiva: ambos solicitaron una condena de 16 años y 6 meses de prisión efectiva.

El proceso judicial se inició a partir de la denuncia impulsada por Sofía y su hermana, quienes revelaron haber sido víctimas de abusos por parte de su progenitor cuando ambas tenían entre 9 y 13 años. 

En el tramo de la audiencia destinado a revisar las medidas cautelares, la defensa técnica del acusado planteó una morigeración para acceder al beneficio del arresto domiciliario. Sin embargo, el juez Cattaneo rechazó el planteo e hizo lugar al pedido de los acusadores para extender la prisión preventiva ordinaria hasta la finalización del juicio.

Perspectiva de género y tutela judicial efectiva

La parte querellante, representada por los abogados Gabriel Filipini y María Laura Maderna, destacó la resolución del magistrado y subrayó el enfoque jurídico aplicado para sostener el encarcelamiento preventivo, el cual trascendió los riesgos procesales habituales, como el peligro de fuga, el entorpecimiento probatorio o el antecedente de haber violado una medida de restricción perimetral.

Al término de la jornada, desde la querella explicaron los ejes centrales de su argumento, al estimar que "al margen de los planteos que hizo el fiscal, uno de los fundamentos es la tutela judicial efectiva y el refuerzo institucional que tiene que hacer la Justicia para darle respuesta a las víctimas. Puntualmente, el fundamento de la Convención de Belém do Pará y otras convenciones y acuerdos internacionales asumidos por el Estado nacional en causas donde hay trazabilidad de género y las víctimas son mujeres en situación de vulnerabilidad".

Con la elevación a juicio ya resuelta, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de San Lorenzo deberá fijar próximamente la fecha de inicio del debate oral y público.