El diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía cuestionó las nuevas facultades que la iniciativa otorgaría a la Policía de Santa Fe, advirtió sobre posibles vulneraciones de derechos y garantías constitucionales y comparó algunas de sus disposiciones con las atribuciones policiales vigentes antes de la última dictadura militar. También denunció presiones del Ejecutivo sobre legisladores oficialistas y reclamó un debate profundo sobre la legislación que regula el funcionamiento de la fuerza.
El diputado provincial Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, expresó un contundente rechazo a la iniciativa impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro para incorporar nuevas herramientas destinadas al fortalecimiento de la seguridad pública.
Durante su intervención en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, el legislador anticipó su voto negativo y sostuvo que, lejos de constituir una respuesta eficaz frente a los mercados ilegales, la propuesta representa una ampliación de las facultades policiales que podría afectar derechos y garantías individuales.
En una extensa exposición, Del Frade cuestionó particularmente las atribuciones vinculadas con la identificación y el control de teléfonos celulares, las posibilidades de intervención policial sobre las personas en la vía pública y el alcance de las medidas previstas en materia de allanamientos y detenciones.
“Nosotros vamos a votar en contra de este mensaje del Poder Ejecutivo porque no creemos que se trata de una ley vinculada a la desarticulación de los mercados ilegales de sistemas electrónicos. Esto es una nueva delegación de facultades a la Policía de la provincia de Santa Fe para que se haga cargo de manera casi independiente de todo lo que puede llegar a ocurrir y que le surja de interés a la propia Policía”, afirmó.
“No tiene que ver con los celulares, sino con la posibilidad de exigirlos porque se les antoje”
Uno de los principales cuestionamientos del diputado estuvo dirigido a las facultades que la iniciativa otorgaría a los agentes policiales para requerir información sobre teléfonos celulares y avanzar en determinados procedimientos de identificación.
Del Frade consideró que el argumento oficial de combatir la comercialización ilegal de teléfonos robados no justifica, por sí mismo, una ampliación de las potestades de la fuerza.
“Este es un gran problema de la democracia. Retroceder a lo que hacía la Policía en 1975 y en 1976 para nosotros es inadmisible. Por eso esto no tiene que ver con los celulares, tiene que ver con la posibilidad de la Policía de pedir y exigir celulares porque se les antoje”, sostuvo.
En ese sentido, mencionó las disposiciones que, según su interpretación, permitirían exigir en la vía pública la identificación de teléfonos celulares e incluso acceder a mecanismos de geolocalización.
Para el legislador, estas herramientas deben analizarse no solamente desde la perspectiva de la prevención del delito, sino también por sus posibles consecuencias sobre las libertades individuales y los límites de la actuación policial.
“Estamos ante el imperio de la vigilancia”
En otro tramo de su discurso, Del Frade recurrió a referencias intelectuales y periodísticas para describir lo que considera una tendencia hacia la ampliación de los mecanismos estatales de vigilancia y control.
Recordó el concepto de “el imperio de la vigilancia”, desarrollado por Ignacio Ramonet, y lo vinculó con las características que atribuye al paquete legislativo promovido por el Ejecutivo santafesino.
“Estamos ante el imperio de la vigilancia”, afirmó, antes de recuperar también el título del libro Todos somos subversivos, del periodista y escritor Carlos Gabetta.
A partir de esa referencia, sostuvo que las nuevas disposiciones podrían instalar un escenario en el que cualquier ciudadano quede expuesto a sospechas e intervenciones policiales.
“Hoy, con esta regresión de este paquete de leyes que manda el Ejecutivo, lo que estamos viendo es un estado de excepción [...] en donde hoy, a diferencia de aquel título de Gabetta, todos empezamos a ser sospechosos”, expresó.
El diputado consideró que esta orientación desplaza el foco de las investigaciones desde las estructuras económicas y financieras que sostienen los mercados ilegales hacia los ciudadanos comunes.
En particular, cuestionó que se concentren mayores herramientas de control sobre las personas que circulan por la vía pública, mientras que, a su entender, las organizaciones vinculadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y la comercialización ilegal de dispositivos electrónicos requieren investigaciones de otra naturaleza.
“Se sospecha a la gente de la vida cotidiana, a la gente de la calle, cuando la economía delictiva de los mercados de los sistemas electrónicos va por otro lado, como también va la economía y la circulación del dinero de los mercados ilegales, del narcotráfico y del lavado de dinero”, argumentó.
Y sintetizó su posición con una de las expresiones centrales de su intervención: “Esto es apretar hacia abajo, esto tiene más que ver con el control social que con la seguridad”.
La comparación con 1975 y los antecedentes de la legislación policial
Uno de los pasajes más extensos de la exposición estuvo dedicado a establecer una comparación entre las atribuciones policiales que, según Del Frade, se pretenden incorporar y las disposiciones que regulaban la actuación de las fuerzas de seguridad durante los años previos a la última dictadura militar.
El legislador recordó que la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe data de 1975 y planteó la necesidad de revisar integralmente esa normativa, en lugar de continuar incorporando modificaciones parciales.
“Algún día tenemos que discutir una nueva Ley Orgánica de Policía, como hay que discutir una nueva ley orgánica de lo que se votó en la reforma constitucional del Ministerio Público de la Acusación, del sistema de defensa pública, porque lo que estamos haciendo es sumar remendones y remendones que después terminan durando poco”, manifestó.
Según su interpretación, algunas de las facultades contempladas en el proyecto presentan similitudes preocupantes con mecanismos de actuación policial que caracterizaron aquel período histórico.
“La ley de 1975 establecía con absoluta claridad que la Policía se podía hacer cargo de cualquier tipo de allanamiento, de cualquier tipo de detención porque después todo se lo iba a justificar”, afirmó.
Del Frade profundizó esa comparación al mencionar procedimientos que, según recordó, aparecían en los partes policiales y militares de mediados de la década de 1970.
“Allanamiento sin orden judicial, detención y si con suerte puede haber un abogado, esta cuestión de los barrios dentro de estados de sitio, eso era lo que se leía en cualquier parte policial, en cualquier parte del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1976. Es lo que hoy estamos leyendo como proyecto de ley en el año 2026, 50 años después”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, calificó la orientación de la iniciativa como un retroceso en materia de derechos y garantías.
“Es un fenomenal retroceso y es darle poder a la Policía sobre los derechos y las garantías individuales y sobre los derechos y las garantías sociales y colectivas. Estamos absolutamente en contra”, enfatizó.
Las comparaciones históricas y las objeciones constitucionales forman parte de la posición política y jurídica expresada por el diputado, quien reclamó una discusión más profunda sobre los límites de las facultades policiales en el marco del sistema democrático.
Cuestionamientos al Ejecutivo y denuncias de presiones sobre el oficialismo
La intervención también incluyó críticas a la relación entre el gobierno provincial y la Legislatura, particularmente por el tratamiento de las iniciativas vinculadas con el fortalecimiento de las herramientas de seguridad.
Del Frade sostuvo que las diferencias surgidas alrededor de ese paquete legislativo reflejan, a su entender, una actitud de imposición del Poder Ejecutivo sobre los representantes parlamentarios.
En ese contexto, expresó su solidaridad con legisladores de los bloques que integran el oficialismo, tanto del radicalismo como del socialismo, al considerar que fueron sometidos a presiones para acompañar las propuestas gubernamentales.
“Esto tiene mucho que ver también con la prepotencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo”, aseguró.
El diputado fue más allá y afirmó que los legisladores oficialistas reciben imposiciones para respaldar una ampliación de las atribuciones policiales cuyo fundamento, según sostuvo, no aparece suficientemente explicado.
“Me estoy solidarizando incluso con los legisladores del bloque oficialista, sean tanto del radicalismo como del socialismo, que reciben imposiciones del Poder Ejecutivo para devolverle a la Policía, vaya a saber por qué, una serie de nuevas atribuciones”, manifestó.
Hacia el cierre de su intervención insistió en esa denuncia y aseguró que integrantes del oficialismo tuvieron que soportar “presiones increíbles, casi irracionales, de parte del Poder Ejecutivo”.
La reducción de homicidios y una pregunta sobre la relación del gobierno con la Policía
Del Frade también introdujo en el debate los indicadores de violencia registrados en la provincia y reconoció expresamente la disminución de los homicidios, aunque diferenció ese resultado de la necesidad de otorgar nuevas facultades a las fuerzas de seguridad.
“Ante una disminución de homicidios en la cual todos coincidimos en las cifras, después habrá que discutir el porqué, pero todos coincidimos en la disminución de los homicidios”, señaló.
A partir de esa consideración, cuestionó las razones que llevan al Ejecutivo a impulsar nuevas atribuciones policiales en el actual contexto.
En uno de los tramos más críticos de su exposición, sugirió que la decisión política podría estar relacionada con compromisos del gobierno provincial con la institución policial.
“Esta nueva licencia que se da a la Policía para que maneje las calles tiene que ver con una deuda muy grande que siente este Poder Ejecutivo con la Policía. Algún día habrá que investigar cuál es esa deuda que tiene el Poder Ejecutivo con la Policía de la provincia de Santa Fe”, expresó.
La afirmación constituyó uno de los cuestionamientos políticos más directos del legislador hacia la administración de Pullaro.
Un rechazo centrado en los límites del poder policial
En el cierre de su alocución, Del Frade volvió sobre el argumento que atravesó toda su intervención: la necesidad de distinguir entre las herramientas destinadas a investigar organizaciones delictivas y aquellas que, en su opinión, pueden ampliar el poder discrecional de la Policía sobre la población.
Insistió en que el combate contra el comercio ilegal de teléfonos celulares no debería traducirse en una habilitación general de mayores facultades de intervención policial sin los controles y las garantías correspondientes.
“No se trata de una cuestión que vaya a tratar de desarticular los mercados ilegales de los teléfonos celulares robados. Se trata de darle mayor poder a una Policía de tristísima historia reciente como es la Policía de la provincia de Santa Fe”, afirmó.
Finalmente, ratificó su decisión de votar en contra del proyecto y reiteró sus cuestionamientos a la relación entre el Ejecutivo y la fuerza policial.
Su intervención dejó planteada una discusión que excede la problemática de los dispositivos electrónicos robados y se proyecta sobre un debate más amplio: cuáles deben ser los límites de las atribuciones policiales, qué controles deben acompañarlas y cómo compatibilizar las políticas de seguridad pública con la protección de los derechos y las garantías constitucionales.