Por Dra. Jazmín Petrillo
La reciente mención del presidente de la Nación, Javier Milei, de eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino no es solo una medida regresiva, sino un ataque directo a décadas de lucha por el reconocimiento de la violencia de género como un problema estructural de nuestra sociedad. Argumentar que el homicidio agravado ya contempla estos crímenes es desconocer la especificidad del fenómeno: las mujeres son asesinadas por ser mujeres, y esto debe seguir siendo visibilizado en la ley. En números concretos: en lo que va del 2025, hubo un femicidio cada 20 horas.
El femicidio no es un delito común; es la expresión más extrema de la violencia de género, un acto que busca disciplinar, castigar y silenciar a las mujeres. Su incorporación al Código Penal en 2012 no fue un capricho legislativo, sino una respuesta a una realidad alarmante: el asesinato sistemático de mujeres en contextos de violencia por motivos de género. Esta violencia está basada en una relación desigual de poder que afecta la vida de la mujer de algún modo (vida, dignidad, libertad, física, etc). Con anterioridad, ocurrió la sanción de la ley 26.485, en el año 2009, la cual buscó adecuarse a la normativa internacional, y regula el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencias.
Uno de los objetivos de la mencionada ley fue promover y garantizar “las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos”. Claro está que la figura del femicidio, desde lo punitivo, penaliza esta conducta que cada día resulta más preocupante.
Eliminar esta figura significa borrar de la legislación el reconocimiento de esta problemática y, en consecuencia, debilitar las herramientas del Estado para abordarla. La tipificación del agravante –que llamamos femicidio- no solo impone penas más severas, sino que también obliga a la Justicia a investigar y juzgar estos crímenes con perspectiva de género.
Detrás de esta propuesta hay una agenda negacionista que pretende desdibujar la desigualdad y la violencia que las mujeres seguimos enfrentando. Muy por el contrario, a los dichos expresados por el gobierno nacional, debemos fortalecer las políticas públicas de prevención, mejorar el acceso a la justicia y garantizar la protección de las víctimas.
Por último, considero que las leyes no solo sancionan, sino que también dan un marco a las conductas que ejercen los ciudadanos en la sociedad en la que conviven. La eliminación del femicidio sería un retroceso, una señal de que la vida de las mujeres no merece una protección frente a la violencia estructural que nos afecta. Y eso, como sociedad, no debemos tolerarlo.