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Apuntes para el consumidor

Por Marcelo Remondino (*)

 

¿Qué otras normas protegen contra la discriminación?

- La Constitución Nacional, en su artículo 16, establece la igualdad ante la ley.

- La ley contra actos discriminatorios, sancionada en 1988, establece que se consideran actos u omisiones discriminatorios los determinados por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

- La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que tiene jerarquía constitucional desde 1994, dispone en su artículo quinto que los Estados partes se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico en el goce del derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques.

 

¿Dónde denunciar en caso de ser discriminado en eventos públicos?

- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recibe denuncias en la línea gratuita 0800-222-0080 de la Dirección Nacional del Registro de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Rencap) de lunes a viernes de 7 a 19 horas y a través de su formulario online. Cualquiera puede denunciar incluso en las provincias que no están adheridas a la Ley 26.370.

- El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) recibe denuncias en su sede ubicada en Avenida de Mayo 1401 y ofrece una línea de consulta gratuita las 24 horas, en el 0800-999-2345. 

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418. Atención en Dr. Poucel 1956, de martes a viernes de 10 a 12 h

 

 

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Apuntes para el consumidor

Por Marcelo Remondino (*)

El tribunal afirmó que esta obligación no cesa una vez firmado el contrato sino que continúa vigente durante el tiempo en el cual el contrato se va ejecutando.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación de Córdoba confirmó una sentencia de primera instancia, que condenó a la empresa dedicada a la venta de automóviles “cero kilómetro” a través de planes de ahorro, a pagar a un consumidor 28.620 pesos en concepto de daño patrimonial y moral, por haber vulnerado el deber de información con el cliente.

El usuario que formuló el planteo había entendido que para obtener la adjudicación del automóvil bastaba con el pago de la sexta cuota del plan de ahorro, junto al envío del formulario de adjudicación. Según las constancias de la causa, el demandante continuó con el pago de las cuotas subsiguientes y frente a la falta de respuesta de la accionada, en orden a la entrega del vehículo, inició un reclamo ante la Dirección de Defensa del Consumidor. La incomparecencia en la sede administrativa provocó que, luego, el afectado entablara una acción judicial.

El tribunal –integrado por los vocales Silvia Palacio de Caeiro, Walter Simes y Alberto Zarza- destacó que “el deber de información que pesa sobre la empresa proveedora no cesa una vez firmado el contrato en el cual se explicitaron los deberes y obligaciones de las partes, sino que la carga de atender las inquietudes de los consumidores continúa vigente durante el tiempo en el cual el contrato se va ejecutando.”

En esta dirección, la Fiscalía de Cámara Civil puntualizó en su dictamen que la conducta asumida por la demandada en la etapa de cumplimiento de contrato patentiza el incumplimiento del deber de información. En este sentido, agregó: “La proveedora tenía la obligación de dar respuesta al consumidor informando la falta de cumplimiento de los requisitos contractuales (…) De tal modo, quedó evidenciada la vulneración del deber de información en la etapa de cumplimiento del contrato, pues el propósito de ella radica en garantizarle al consumidor una correcta cooperación en miras a la ejecución satisfactoria del contrato.”

Si bien la firma demandada, al fundamentar el recurso de apelación, esgrimió que el actor nunca había cuestionado las cláusulas contractuales, la Cámara señaló que no era suficiente, a los fines de enervar la procedencia de la demanda, la mera argumentación de los términos del contrato resultaban claros. Ello así, puesto que la compañía accionada “se encontraba obligada a brindar la información necesaria a los fines de despejar las inquietudes del consumidor”.

Para resolver la causa los magistrados tuvieron especialmente en cuenta los principios reconocidos por el derecho del consumidor los cuales encuentran recepción normativa en el Código Civil y Comercial de la Nación. En la resolución, los vocales explicaron que la normativa referida a la relación de consumo tiene ínsito el principio protectorio de la parte más débil. Dicho precepto autoriza que, en caso de duda, siempre debe estarse a la situación más favorable para el consumidor. “(Esta regla) se erige en la norma fundante del sistema y sobre la cual se asienta el resto del sistema”, enfatizaron los jueces.

 

Fuente:www.justiciacordoba.gob.ar

 

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418.

 

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Apuntes para el consumidor

Por Marcelo Remondino (*)

El Gobierno dispuso que las empresas tengan un "botón de baja" de servicio en forma inmediata en su página web. Redujo de 72 a menos de 24 horas el plazo para acusar recibo. Se sumarán más rubros.

Las empresas que brindan servicios de telefonía (fija y móvil), Internet y televisión (por cable y satelital) estarán obligadas, a partir del 28 de julio, a colocar una solapa en las portadas de sus páginas web para que los consumidores puedan darse de baja en forma instantánea, más allá de la deuda que tengan con la compañía o la fecha de vencimiento de las facturas.

"Con esta resolución (316/2018) buscamos simplificar el trámite al consumidor, con el valor probatorio que representa haber realizado el trámite online y seguirlo con un número de reclamo que la empresa informará en menos de 24 horas", indicó el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, durante una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Producción.

Las empresas deberán colocar un botón de baja con un link visible en el primer acceso a sus páginas web para que el consumidor pueda dar de baja los servicios que contrató y tendrán hasta 60 días para cumplir con lo establecido por la norma.

La iniciativa, de cumplimiento obligatorio para las empresas, se originó como respuesta a la estadística de reclamos presentados ante el organismo por consumidores ante la complejidad que actualmente representa la cancelación de los servicios contratados.Entre los problemas más habituales, los consumidores se quejan de no encontrar el sitio o canal adecuado para pedir la baja y la posterior concreción de la cancelación. Los rubros que presentan alta conflictividad son: telefonía fija y móvil, servicios de acceso a internet, y televisión satelital y por cable.

El artículo 1 de la resolución establece que los proveedores de los servicios en cuestión deberán tener, a simple vista y en el primer acceso, el link mediante el cual el consumidor podrá solicitar la baja del servicio contratado.

Además, según el artículo 2, las empresas deberán constituir una base de datos para que los consumidores completen los siguientes datos: número de cliente, fecha de contratación del servicio, fecha y hora de solicitud de baja, código de rescisión y modo en el que concluyó el trámite.

Finalmente, se determina –de acuerdo al artículo 3– que las empresas deberán establecer un horario de atención de consultas que no puede ser inferior a los días y horarios en que operen comercialmente. Cuando los proveedores brindaren el servicio de atención a los usuarios en forma exclusivamente telefónica o electrónica, el horario de atención no podrá ser inferior a ocho horas por día hábil, de lunes a viernes.

Fuente: Infobae

 

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418.

 

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Por Marcelo Remondino (*)

Una mujer que agredió a un empresario por medio de una cuenta de Twitter fue querellada por caluminias e injurias. Ahora, deberá cumplir 150 horas de trabajo comunitario por haber lesionado el honor de la víctima. 

Una injuria no deja de ser delito solamente porque el anonimato de las redes sirva como escudo. Lo que a simple vista parece lógico tardó años en cristalizarse y en lo que se considera un hito en la materia, una mujer llegó a juicio oral por haber calumniado e injuriado a un hombre por medio de una cuenta de Twitter. Ahora deberá efectuar 150 horas de trabajo comunitario.

Marcelo Samuel Frydlewsky fue objeto de cyberbullyng a través de una cuenta “fake” en Twitter y no quiso que las lesiones a su honor sean gratuitas. Por ello, llevó a la persona detrás del usuario de Twitter a la Justicia y así se llegó a la instancia de juicio oral, donde el juez Angel Gabriel Nardello, designado de forma unipersonal al frente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) n° 22 sobreseyó a la imputada gracias a la aplicación del artículo 425 del Código Procesal Penal de la Nación, que permite esa solución si las partes llegan a conciliar.

Frydlewsky le inició una causa a Lang por calumnias e injurias por haber lesionado su honor a través de publicaciones efectuadas con la cuenta de Twitter “EVAargentina20” .

Según detalla el expediente, caratulado “Lang, Mónica Viviana s/ calumnias o falsa imputación e injurias” las partes arribaron a un acuerdo luego de varias negociaciones. En principio, la querella quería que se le abone $1.000.000 para que sean destinados a una entidad de bien público, a lo que la imputada se negó por carecer de los medios suficientes para afrontar ese gasto.

La contraoferta fue retractarse – uno de los requisitos estipulados en el Código Procesal Penal- tanto la audiencia como públicamente por medio de su cuenta de Twitter. Pero ello no era suficiente: tenía una escasa cantidad de seguidores.

Finalmente, la querella ofreció como propuesta conciliatoria la publicación de la parte dispositiva del fallo por el plazo de tres días en los diarios “La Nación” y “Clarín”, uno de ellos un día domingo, y la realización de ciento cincuenta horas de las tareas comunitarias en la sede de Cáritas más cercana a su domicilio, en el plazo de un año, lo que fue aceptado por la querellada.

La sentencia fue celebrada por especialistas en la materia, Jorge Monastersky, abogado de la querella, lo sintetizó - via Twitter- de la siguiente manera: “Calumniar e injuriar por redes sociales ahora tienen sus consecuencias”.

 

Fuentes: Diario Judicial.

 

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418.

 

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Por Marcelo Remondino (*)

 

 Aerolíneas Argentinas alerta a sus clientes que las invitaciones a participar en concursos, viralizadas en las últimas horas a través de redes sociales y que utilizan de manera no autorizada la imagen de Aerolíneas Argentinas, no forman parte ninguna iniciativa comercial de la compañía.

Dicha práctica que responde al nombre de “pishing”, es una estrategia utilizada por compañías que se dedican a la venta de bases de datos mediante una acción fraudulenta, apropiándose de la imagen corporativa de otras empresas y engañando a muchísimas personas.

En la misma línea, la compañía quiere advertir a sus clientes que los únicos canales habilitados para la compra de pasajes aéreos y/o tickets con millas aéreas del programa Aerolíneas Plus son su call-center (0810-222-86527), la página web (www.aerolineas.com.ar) y sucursales o agencias de viajes habilitadas.

A este respecto, Aerolíneas Argentinas ha venido denunciado de forma permanente todas aquellas publicaciones realizadas en páginas web de compra y venta o en redes sociales que utilizan el nombre de Aerolíneas Argentinas para realizar fraudes con las tarjetas de crédito de personas y usuarios que de buena fe desean obtener un ticket aéreo.

 

Fuente: http://www.aerolineas.com.ar/es-oc/prensa

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418.

 

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Por Marcelo Remondino (*)

 

¿Problemas con la telefonía fija, móvil, Internet, cable TV?  Ya podes realizar  vía online tus denuncias ante el  ENACON

Trámites a Distancia: más fácil para vos

Ahora vas a poder realizar todos los trámites de manera online desde donde estés. Más fácil, más rápido, más derechos para el usuario.

Con el objetivo de mejorar y agilizar los procesos para los usuarios, el Ente Nacional de Comunicaciones se suma a la modalidad de Trámites a Distancia (TAD), una plataforma que permite realizar trámites ante la administración pública de forma virtual, pudiendo gestionar y realizar el seguimiento del mismo de manera remota.

Para operar a través de esta modalidad, el usuario debe ingresar con su Clave Fiscal a la página web de AFIP. Allí, dentro de Servicios Administrativos, ingresar a la pestaña Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, seleccionar el botón Adherir Servicio y luego la opción de la plataforma TAD que se encuentra dentro de la solapa Ministerio de Modernización.  Una vez confirmada la adhesión, ya es posible comenzar utilizar esta plataforma, donde cada usuario tendrá su Escritorio Único desde el cual podrá administrar todas las tareas y trámites.

Con TAD vas a poder hacer todos estos trámites de manera online: Asignación de Recursos de Numeración; Solicitud de asignación de Código de Punto de Señalización Nacional; Control y Fiscalización de Servicios de TIC; Sanciones ENACOM; Recursos ante ENACOM; Registro de Productoras y Agencias; Licencia única Argentina Digital; Servicio Universal; Certificados de Operadores - Renovación y/o Rehabilitación del Certificado de Operador de Telecomunicaciones; Denuncias; Licencias y Autorización Audiovisuales; Devolución Pliegos; Postales; Concursos; Inscripción al Registro FOMECA; Interconexión entre Licenciatarios de Servicios de TIC, entre otros.

Es importante destacar que todos aquellos usuarios que se vean imposibilitados de realizar el trámite mediante TAD por no cumplir, en principio, por alguno de los requisitos de acceso a la plataforma, podrán realizarlo a través de los mecanismos y procesos implementados hasta el momento en las oficinas y dependencias del organismo.

 

Denuncias Telefonía, Internet y Cable

Para iniciar el trámite ante Enacom tenés que realizar, previamente, el reclamo ante la empresa prestadora del servicio. Si esta no dio respuesta en los plazos establecidos o no quedaste conforme con la resolución, podes iniciar la gestión a través de las siguientes vías:

Plataforma Trámites a Distancia (TAD): Podés realizar la denuncia de manera online contando previamente con clave fiscal AFIP nivel 2..

- Telefonía Fija

 - Telefonía Móvil

- Internet 

  - Cable 

En caso de no contar con clave fiscal AFIP nivel 2, podés realizar la denuncia mediante las siguientes modalidades:

Presencialmente: en los centros de atención al usuario de Enacom. Hacé clic aquí para consultar los datos de las oficinas habilitadas en todo el país. 

Por correo postal: remitiendo la documentación requerida al Apartado Especial gratuito de la oficina del Correo Argentino más cercana a su domicilio.

Pasos a seguir para realizar un reclamo:

- Primero debés presentar tu reclamo ante el operador del servicio.

- El operador debe informarte la documentación que debés presentar según el tipo de reclamo.

- La empresa prestadora te brindará un número de denuncia.

 

NOTA: En la factura del servicio encontrarás los datos y referencias  para efectuar la denuncia.

La denuncia la pueden realizar los titulares, apoderados y/o autorizados.

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418.

 

 

 

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Apuntes para el consumidor

Por Marcelo Remondino (*)

 

Cada día es más frecuente terminar con problemas financieros por el sobre-endeudamiento familiar.  Tarjetas de créditos de supermercados o shoppings,  préstamos personales,  compra de electrodomésticos financiadas,  y  productos bancarios. El problema es  que día a día se aumentan las cuotas  por intereses, seguros y cargos no pactados, que ante la falta de pago, se generan una serie de gastos administrativos e intereses moratorios y punitivos que multiplican la deuda y la hacen impagable.

Si tenés una deuda en una entidad financiera cuyos pagos te están asfixiando por no ser lo ofertado, podés reclamar su nulidad y adecuación  de los intereses a la Ley, por lo que el pago será mucho menor o tendrás alternativas de negociación.

Es importante tomar el “toro por las astas”, es decir no dejar que avance la deuda cuando no se puede pagar e inmediatamente reclamar que se adecue a la Ley (en la mayor parte de los casos vistos existe un grave aprovechamiento de estas instituciones generando cargos, gastos e intereses ilegales), si la financiera no contesta o niega el reclamo, seguir con los pasos en el organismo de Defensa del Consumidor, en el Poder Judicial, y en Protección del Usuario Financiero del Banco Central.

 

PASO 1: realizar reclamo ante la entidad bancaria o financiera

Por teléfono: pidiendo el número de reclamo.

Por internet: también anotando el número de reclamo.

Por carta documento. 

Por nota firmada, solicitando su constancia de recepción.

 

PASO 2: denuncia a defensa del consumidor

Para el caso que no le sea satisfecho su reclamo o no sea plenamente satisfactorio, porque no se le abonó intereses por la demora en la devolución de su dinero, o los daños y perjuicios ocasionado por la demora o por los trastornos ocasionados Ud. deberá concurrir a formular la denuncia al Organismo Gubernamental de Defensa del Consumidor.

 

PASO 3: vía judicial

En el caso que la audiencia de conciliación fuera dispuesta a una fecha remota, que prolongue el trámite innecesariamente en el tiempo, se puede reclamar judicialmente, sin necesidad de agotar la vía administrativa, o recurrir en forma previa.

Para iniciar una Acción Judicial, requerirá un abogado que la asesore y patrocine.

Todas las acciones por defensa al consumidor gozan de gratuidad art. 53 LDC, por lo que no se abonará ninguna tasa o gasto para su inicio.

Multa. En caso de verse obligado a litigar judicialmente para poder reclamar el cumplimiento de las obligaciones legales Ud. podrá también reclamar una  multa (sanción punitiva) que deberán pagar a su favor. Esta multa puede ser establecida entre los $ 100 y $ 5.000.000 (Art. 47 inc. b) y 52 bis ley 24.240,dependiendo  del carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones  atento la posición en el mercado.

PASO 4: Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros del BCRA.

Cuando reciba de la entidad una respuesta que no considere satisfactoria o transcurra el plazo de veinte (20) días hábiles desde el momento de haber presentado su reclamo sin haber recibido respuesta alguna, podrá efectuar la denuncia ante el Banco Central de la República Argentina (Reconquista 266 – PB – Buenos Aires, de 10 a 15 hs.)

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418.

 

 

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Por Marcelo Remondino (*)

 

 

3.  Huelgas

Cuando existen medidas de fuerza por parte de los trabajadores, ya sea de la propia compañía o de aquellos que intervienen en la actividad aeronáutica, éstas se constituyen en una excusa que casi nadie osa discutir, dado lo público y notorio de la situación.

No obstante, el carácter de fuerza mayor de una huelga ha sido analizado en cada caso por la jurisprudencia, de modo tal que en la totalidad de las sentencias dictadas durante los años 2014 y 2015 en el fuero Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, se entendió que no existió realmente la inevitabilidad e imprevisibilidad que pueden eximir de responsabilidad a las aerolíneas, condenándoselas de tal modo a compensar debidamente a sus pasajeros.

Es de destacar que en todas las sentencias mencionadas, se ha contemplado a favor de los pasajeros además de los gastos ocasionados, indemnización por daño moral, la que ha sido en promedio de $ 6.700 para cada pasajero.

Las siguientes han sido las principales razones de los jueces para fallar contra las aerolíneas cuando éstas han invocado el hecho de una huelga como causa de fuerza mayor.

No basta invocar el hecho notorio de la huelga de pilotos, ni la prueba de que ésta tuvo lugar circunstancia que Aerolíneas Argentinas estima constituye un supuesto de fuerza mayor eximente de toda responsabilidad por el cumplimiento del transporte-; la transportista debió demostrar fehacientemente que el movimiento de fuerza fue para ella imprevisible e inevitable, vale decir que no pudo prever su ocurrencia y que tampoco pudo tomar ninguna suerte de medidas para, al menos, paliar sus consecuencias. En estos términos la medida de fuerza de la APLA fue previsible, y desencadenado el conflicto gremial, la accionada no tomó las medidas conducentes a fin de no perturbar el cumplimiento cabal de los contratos de transporte celebrados. (Juzg. Civ.  y Com. Fed. Nro. 8 Sec. 16 “González, Mauricio y otro c/Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/Incumplimiento de contrato, 6/10/2015).

Asimismo, se entendió que no resultaba atendible la causal de fuerza mayor invocada por la aerolínea en tanto con suficiente antelación al viaje programado por el pasajero, la demandada tuvo pleno conocimiento del conflicto laboral que ponía en riesgo el cumplimiento de la prestación a su cargo; no obstante ello, no tomó ninguna medida tendiente a evitar los perjuicios que por la previsible demora, les ocasionaría a los pasajeros. Tampoco, alegó la imposibilidad de disponer de medida alguna; y no previno a los pasajeros de la situación conflictiva que la involucraba con el personal y tornaba aleatorio el incumplimiento del horario programado.   En suma, no medió imprevisibilidad e inevitabilidad, y la situación se enmarca en lo previsto en el art. 141 del Código Aeronáutico y artículos 512 y 904 del Código Civil, y resulta ajena a lo normado en el art. 142 del Código Aeronáutico; y artículos 18 y 20 del Convenio de Varsovia.” (Juzg. Nac. De 1ra. Inst. en lo Civ. y Com. Fed. Nro. 5, “Méndez, Romina Anabella c/Aerolíneas Argentinas S.A. s/incumplimiento de contrato, causa 8863, 2/2014)

 

Conclusiones

Ante cualquiera de las excusas analizadas, los pasajeros suelen permanecer impotentes, ya que aunque no podamos saber con certeza si la tormenta ocurrida en algún lugar a veces lejano realmente impidió al avión llegar a tiempo o no, lo cierto es que todas las excusas aparecen como irremediables, incluso parecería insensato exigir se cumpla el horario pactado cuando se invoca un problema mecánico por ejemplo , ya que ello  afecta la seguridad de los pasajeros.

Sin embargo, a la luz de lo dictaminado por los jueces en los últimos años, vale la pena repensar la cuestión  y dejar atrás la resignación.

 

Fuente: viajeros protegidos

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418.

 

 

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Por Marcelo Remondino (*)

 

¿Cuánto hay de cierto en las excusas más usadas de las aerolíneas ante la cancelación o demora de un vuelo? ¿Realmente pueden eximirse de responsabilidad? Un análisis de todos los casos resueltos en los años 2014 y 2015 en el Fuero Nacional en lo Civil y Comercial Federal brinda respuestas a dichos interrogantes.

Las tres excusas más comunes de las aerolíneas

¿Verdad o mentira? 

A la hora de enfrentar la cancelación o la demora de un vuelo, en el mostrador de la aerolínea los pasajeros reciben como toda explicación una excusa que luce lógica e indiscutible, y que por supuesto parece encajar en los supuestos que eximen de responsabilidad a la aerolínea.

He aquí las 3 excusas más frecuentes, analizadas a la luz de lo resuelto por la jurisprudencia:

 

1.  Inconvenientes técnicos o mecánicos

Esta excusa fue rechazada en todos los casos resueltos durante los años 2014 y 2015 en el fuero nacional en lo civil y comercial federal [1], condenándose a las aerolíneas a indemnizar a sus pasajeros.

En tal sentido se ha sostenido que un inconveniente mecánico no configura fuerza mayor, en tanto “los problemas técnicos de esta naturaleza sólo son imputables a la compañía aérea y ponen de manifiesto que el transportista pudo haber evitado la dilación producida si hubiera adoptado todas las precauciones de mantenimiento o verificación adecuadas con suficiente anticipación". (CNCiv. y Com. Fed. Sala I, “Rocino, Carlos Alberto y otros c/LAN Argentina s/Incumplimiento de contrato, causa Nro. 328/10, 26/06/2014).

De igual manera la jurisprudencia ha establecido que si la compañía aérea no tenía los repuestos a su disposición en el momento en que se presentó la falla, independientemente de que el experto lo mencione como fallas que ocurren, en forma aleatoria, no basta alegar en forma genérica esa falta del repuesto, si no se relaciona con el cumplimiento a ultranza de todos los controles técnicos previo al vuelo por parte de la empresa y de todas las medidas necesarias”tendientes a superarlo, porque esa falla podría deberse, precisamente, a una imprevisión inexcusable (art. 20 de la Convención, Sala y causa citadas)
si la demora se debió a un desperfecto técnico y la culpa de la empresa se presume, ésta última debió haber acreditado que ese inconveniente encontraba su causa en el riesgo aéreo superador de cualquier previsión ordinaria” (Juzg. Nac. de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com. Fed. Nro.  9 Sec. 17  09/09/2014, Humer, Gladys M. y otro c/Aerolíneas Argentinas s/Daños y Perjuicios)

 

2. Cuestiones climáticas

Que el avión que nos debía llevar al Caribe venía desde New York donde una tormenta de nieve le impidió el despegue,  o una tormenta de arena en Damasco impidió cumplir el horario a la aeronave que debía partir desde Buenos Aires,  y otras incongruencias similares suelen ser una de las excusas más frecuentes.  

Sin embargo, a la hora de probar la verdadera imposibilidad de volar por cuestiones ligadas al clima, las compañías se ven en dificultades y dejan al desnudo la invocación de problemas climáticos solamente como una excusa.

Así por ejemplo, en un caso particular la jurisprudencia sostuvo: de las pruebas producidas en autos no surgen acreditadas las circunstancias climatológicas excepcionales y/o que tornaran peligrosa la aeronavegación. Emana de las constancias de fs. 17 vta. que el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires se encontró cerrado desde el día 03/11/10 hasta el 01/12/10 por reformas, lo que resulta una causa plausible de sobrecarga de vuelos operados desde el Aeropuerto de Ezeiza. En tales condiciones no se ha acreditado la aparición de circunstancias imprevisibles e inevitables que justifiquen la suspensión del vuelo con destino a Mendoza durante dos días consecutivos, quedando en evidencia que la demandada no se ha visto a modificar las condiciones inicialmente pactadas con los actores por circunstancias de fuerza mayor, sino por conveniencias económico- comerciales, al no tener tripulaciones alternas para hacer frente al eventual vencimiento de la misma, al menos en la situación excepcional y temporal del cierre del Aeroparque.”  (Juzg. Civ. y Com. Fed. Nro. 8, “Papaiani, Carlos Humberto y otro c/Aerolíneas Argentinas S.A. s/Incumplimiento de contrato”, 04.09.2015).

 

[1] Conforme Relevamiento efectuado por el Observatorio de Derecho del Turismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Fuente: viajeros protegidos

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418.

 

 

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Por Marcelo Remondino (*)

El TSJ de Neuquén hizo parcialmente lugar a una demanda contra el municipio de Rincón de los Sauces por los daños que sufrió un vehículo que se hallaba secuestrado en sus dependencias. "La demandada depositaria asumió el deber de guarda y custodia sobre el bien, a los fines de la posterior devolución del vehículo", determinó el fallo.

En los autos “J. E. J. C/ Municipalidad de Rincón de los Sauces S/ Acción Procesal Administrativa”, la Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta, condenando a la Municipalidad de Rincón de los Sauces a abonar la suma de $27.988.

En el caso, el actor solicitó el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incendio y destrucción del colectivo de su propiedad. Según consta en la causa, ”el día 24 de abril del año 2003, encontrándose estacionado el vehículo, un funcionario municipal le confecciona un acta con el fin de que en el plazo de 72 horas retire el vehículo de la ubicación en la que se encontraba”.

Posteriormente, el rodado fue trasladado al depósito municipal, ubicado en el Parque Industrial N° 1 de la ciudad de Rincón de los Sauces, asumiendo la demandada la custodia de éste. Al momento de retirar el vehículo, el actor relató que “se encontró con el vehículo de su propiedad completamente quemado en su interior, al igual que las cubiertas traseras, los laterales y el techo, con las ventanillas de vidrio rotas, el parabrisas roto y las cubiertas delanteras y parte del frente en regular estado”.

En este contexto, los jueces afirmaron que “no se encuentra controvertido en autos la propiedad del vehículo por el que se reclama, que el vehículo propiedad del actor se hallaba secuestrado en las dependencias de la demandada en el Parque Industrial N° 1 bajo su cuidado, que el día 9 de diciembre del año 2003 se produjo un incendio en dicho lugar y que, como consecuencia de ese incendio, el rodado sufrió daños”.

“La municipalidad demandada, al momento de secuestrar el vehículo, se convirtió en depositaria del bien, y por aplicación analógica del entonces vigente art. 2210 del C.C., debía devolverlo en el estado en el que fue puesto bajo su cuidado. Esto implica que la demandada depositaria asumió el deber de guarda y custodia sobre el bien, a los fines de la posterior devolución del vehículo”, indicó el fallo.

En definitiva, los vocales consignaron que “es el deber de guarda y custodia del depositario el que se lleva a cabo de manera defectuosa por parte de la demandada y que configura un funcionamiento irregular del servicio, en tanto que omitió ejercer de manera eficiente el cuidado sobre el bien secuestrado”.

“Tal es así, que la demandada no ha invocado ni probado una eximente de responsabilidad, y se limita a controvertir el estado en el que el vehículo se encontraba al momento del secuestro, a los fines de rechazar los montos de la indemnización pretendida por el actor”, concluyó el tribunal.

 

Fuentes: http://public.diariojudicial.com

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418.

 

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