En sesión extraordinaria, aprobó el proyecto del concejal Remondino y declaró su “preocupación” ante el pedido efectuado por el sindicato Aceiteros, para que la Justicia otorgue un nuevo beneficio al abogado sanlorencino.
En sesión extraordinaria, aprobó el proyecto del concejal Remondino y declaró su “preocupación” ante el pedido efectuado por el sindicato Aceiteros, para que la Justicia otorgue un nuevo beneficio al abogado sanlorencino.
Como estaba previsto, este sábado se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el Concejo Municipal de San Lorenzo, en el cual se debatió, como único tema de tratamiento, el proyecto de Declaración presentado por el concejal opositor Marcelo Remondino, en el que se expresa la “preocupación por la posibilidad de concederse salidas transitorias a Pedro ‘Pili’ Rodríguez, atento a la condena que pesa sobre él, por delitos de lesa humanidad”.
Cabe recordar que el pedido elevado a la presidencia del Concejo para que cite a la sesión extraordinaria, fue acompañado por el también concejal opositor Martín Cerdera, quien, sin embargo, no pudo estar presente en la reunión legislativa de la fecha.
El proyecto de Remondino se basa en el pedido efectuado por el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), Pablo Reguera, ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario, para que el abogado Pedro ‘Pili’ Rodríguez – condenado en prisión domiciliaria- goce de un régimen de salidas transitorias para desempeñarse como asesor del gremio.
Rodríguez está purgando una condena por torturas y tormentos contra el trabajador y sindicalista municipal de la ciudad de San Lorenzo, Manuel Casado y, además, se encuentra imputado en la denominada “Causa de los Trabajadores”.
El proyecto de Declaración fue tratado sobre tablas, logrando, tras el debate, la aprobación unánime de los concejales.
Entre otros, durante la sesión extraordinaria de este sábado, se destacaron las presencias -ubicados en la barra del recinto- del periodista y diputado provincial Carlos Del Frade, junto a familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, Hugo Parente, Roberto “Potongo” Camuglia, y Lina Funes, además de Alberto Perassi -padre de la joven madre desaparecida en democracia, Paula Perassi- y el militante político y social Edilio Quiroga.
La presidencia del Concejo invitó al protocolar izamiento de la bandera del recinto, al autor del proyecto al que se dio tratamiento, Marcelo Remondino, quien, a su vez pidió a los familiares de las víctimas presentes, a que lo acompañen.
En el proyecto aprobado, Remondino opinó que “como órgano de la democracia tenemos la responsabilidad institucional, la obligación moral y ética de repudiar, denunciar, y poner toda nuestra energía en evitar que este abogado y asesor de la dictadura genocida en la Municipalidad sanlorencina, sea favorecido por salidas transitorias y mucho menos, actuar en refugios de trabajadores, como son los sindicatos”.
De esta forma, al aprobar la iniciativa, el Concejo Municipal de San Lorenzo repudió “enérgica y enfáticamente” el pedido de Reguera a la Justicia, evitando que “se lesione la memoria de las víctimas del Cordón Industrial durante el terrorismo de Estado y, particularmente, del sindicalista municipal Manuel Casado quien fuera secuestrado y torturado en la Municipalidad de San Lorenzo en presencia del represor Pedro ‘Pili’ Rodríguez”.
En la fundamentación de su proyecto, Remondino trazó un pormenorizado repaso por los hechos que llevaron a la condena de Pedro Rodríguez, tras una larga lucha judicial en la que el propio edil estuvo involucrado desde sus comienzos.
Durante el debate, también se recordó que, en oportunidades anteriores, el Concejo Municipal de San Lorenzo votó en contra de Rodríguez en su paso por el mismo Cuerpo: cuando en 2004 fue separado de su banca al ser detenido por la Justicia; y en 2010 cuando se le impidió asumir nuevamente como edil de la ciudad.
Lo resuelto en la sesión de hoy, será notificado mediante copias del proyecto, al Tribunal Oral N° 1 de Rosario; a la Unidad de asistencia para causas de Derechos Humanos de Rosario; a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y de la Nación y a las Cámaras Legislativas santafesina y nacional.