A 44 años del golpe genocida, la lucha no desaparece, 30 mil compañeres presentes en un mismo grito.

A 44 años del golpe genocida, la lucha no desaparece, 30 mil compañeres presentes en un mismo grito.

El golpe de 1976, aunque no fue el único en la historia de nuestro país, simboliza y representa el más sangriento y certero ultraje a la memoria histórica, porque tiene la marca del GENOCIDIO, con toda la rigurosidad que este concepto encierra.

No hay lugar para teoría de los dos demonios ni para hablar de guerra: el TERRORISMO de ESTADO ES GENOCIDIO.

Las fuerzas represivas comenzaron sus ensayos antes del golpe. En febrero de 1975 la Presidenta María Estela Martínez de Perón firma el decreto para el “aniquilamiento de la subversión” en la Provincia de Tucumán, la cual se lleva a cabo mediante el Operativo Independencia, que arroja un saldo de miles de torturades, asesinades y desaparecides.

Posteriormente, en nuestra región, en la madrugada del 20 de marzo de 1975, cuatro mil efectivos de fuerzas represivas invadieron la ciudad de Villa Constitución, trasladados en una columna de un kilómetro y medio de automóviles y camiones. También participaron de la invasión matones de la derecha sindical ligados a la Triple A.  El ministro del Interior lo denominó “Operativo Serpiente Roja del Paraná”. En dicho operativo secuestraron a cientos de trabajadores, 15 de ellos asesinados. Todo con la complicidad de los directivos y jefes de personal de la empresa Acindar que por aquél entonces el presidente del directorio era Martínez de Hoz, posteriormente ministro de economía de la dictadura genocida quien facilitó que dentro de la planta se montara un centro de tortura.

Ese “disciplinamiento” fue indispensable para las profundas transformaciones operadas en el seno de la estructura económico-social argentina.

Pero hablar del 24 de marzo, es sintetizar la puesta en marcha de la maquinaria aniquiladora de una generación como condición excluyente para la implementación de un modelo de país antagónico a los aires que recorrían toda América del Sur.

Una puesta en marcha a sangre y fuego.  Movimientos de trabajadores, estudiantes, vecinos y religiosos convencidos de que la organización popular era la herramienta para transformar las estructuras sociales de dominación y crear una sociedad solidaria y con justicia social. Hombres, mujeres, conscientes de su lucha por la liberación nacional, el socialismo, revolucionarios y combatientes, con distintas ideologías, identidades y diferencias en sus métodos de acción, pero con la convicción compartida de que un futuro de justicia e igualdad se debía construir en un compromiso cotidiano.

Hoy, es ese mismo estandarte de compromiso el que por sobre las diferencias, los aciertos y los errores, nos sigue convocando en este Cordón industrial, con todas sus luces y sombras.

Como cada año, la presencia de los familiares de las víctimas y les sobrevivientes del Cordón se transforma en uno de los pilares más importantes que nos impulsa como también la imperiosa necesidad de manifestarnos unidos ante la derecha golpista.

Describir las principales medidas económicas de Martínez de Hoz es entender las medidas de gobierno implementadas por Mauricio Macri durante cuatro años: flexibilización laboral, ajuste, despidos, aumento exponencial de la pobreza y endeudamiento externo, hipotecando el futuro de varias generaciones.

Sin embargo, el gobierno de CEOS de Cambiemos fue derrotado en las urnas producto de la constante movilización y lucha del pueblo.

Hoy el desafío del nuevo gobierno encabezado por el Pte. Alberto Fernández es cómo resolver el problema de esa deuda que consideramos ilegal e ilegítima, ante el FMI y los acreedores externos.

Exigimos una profunda investigación sobre la deuda y el destino de los fondos para encaminarnos a romper los lazos de dependencia con el FMI, el Banco Mundial y demás organismos financieros internacionales. LA DEUDA ES CON EL PUEBLO.

La tierra arrasada que dejó el gobierno de Mauricio Macri, tiene su triste correlato en nuestro Cordón Industrial.

Centenares de despedidos de grandes empresas. Ya no existe Arzinc, Oil se redujo a su mínima expresión y ahora peligra la empresa Vicentin.

Esta empresa le debe al Estado casi 18.000 millones de pesos por un préstamo fraudulento pergeñado por el ex titular del Banco Nación González Fraga y los CEOS de la empresa Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, quienes fugaron ese dinero y se niegan a devolver por el supuesto “stress financiero”.

Por eso planteamos que el Estado Nacional no sólo intervenga para garantizar las fuentes de trabajo, sino que, en función de esa monumental deuda, tome el mando de la empresa, con la participación de los trabajadores, más allá de la forma jurídica que se elija, para decidir sobre un área estratégica para la Nación, que permitirá mejorar las condiciones de trabajo, la economía de la región y el país. QUE LA DEUDA LA PAGUEN LOS QUE SE ENRIQUECIERON. NI UN TRABAJADOR NI TRABAJADORA FUERA DE VICENTÍN!

Asimismo, exigimos juicio y castigo para los crímenes de lesa humanidad cometidos por los directivos y jefes de personal de dicha empresa durante la dictadura, cuando secuestraron decenas de trabajadores, algunos llevados desde la propia planta en el norte de la provincia.

Nos solidarizamos y pedimos juicio y castigo a los responsables de las amenazas sufridas por les militantes de la agrupación de derechos humanos Norte Amplio por perseverar en la denuncia y difusión pública de la complicidad de Vicentín con crímenes de lesa humanidad. 

Nuestra provincia y nuestra región sintetizan en varios aspectos bien tangibles las consecuencias del terrorismo de Estado en el plano económico y la continuidad en las violaciones a derechos fundamentales en la actualidad: por un lado, el ejercicio de la soberanía sobre los recursos se ve menoscabado a diario cuando toneladas de minerales exentos del pago de regalías y cereales producidos bajo el modelo sojero agrotóxico y transgénico salen de estos puertos. Puertos que son enclaves fundamentales en el tráfico internacional de drogas. Así se avanza en el avasallamiento del derecho a un nivel de calidad ambiental que no sea planteado como contradictorio al derecho al trabajo, y en la concentración de la riqueza.

Es paradójico que esa concentración de riquezas no pueda garantizar pleno ejercicio de derechos elementales como el acceso a la salud.  El cordón industrial, corazón del modelo agroexportador, no cuenta con atención sanitaria acorde a las necesidades de su población ni a la producción de riquezas de esta zona. Situación que se verá agravada por la pandemia de Coronavirus.

Por otra parte, el crecimiento de la violencia de género, los femicidios y las desapariciones encuentran en la ciudad de San Lorenzo una referencia tan trágica como dignificante por la búsqueda de justicia por parte de su familia: La desaparición de Paula Perassi cuya trama de impunidad por acción y omisión del poder judicial y político no permitió aún, a pesar de las condenas impartidas, esclarecer dónde está el cuerpo de Paula.

No obstante, celebramos el fallo que condena a los responsables, el cual fue producto de la inclaudicable lucha popular por el caso, pero debemos mantenernos alertas y movilizados ya que en abril se confirman o no las sentencias por parte de la Cámara de Apelaciones. Pero más casos engrosan este cordón año tras año, así como la trata de personas.

El año pasado se denunció una red de trata en la ciudad de San Lorenzo, una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres menores y adultas, y al tráfico de estupefacientes. La denominada banda de “la Mamu” fue señalada como banda criminal que secuestraba, trasladaba y explotaba sexualmente a mujeres jóvenes, la mayoría menores, muchas de ellas madres solteras, vulnerables y violentadas. Entre la decena de acusados, además de regenteadores, se encuentran señalados miembros de la Policía de Santa Fe, de la Guardia de infantería y del poder político. Sin embargo, el tiempo pasó y no hubo novedades que afirmaran o desmintieran lo denunciado a pesar de la gravedad institucional que el caso conlleva.

Los prostíbulos, el narcotráfico, la desaparición de personas y la trata, forman una enorme estructura delictiva que cuenta con amparo político, policial y judicial, con fuerte vinculación a los sectores financieros que operan los circuitos de blanqueo del dinero.

Es por eso que consideramos una victoria de la lucha popular el proyecto de creación de un Juzgado Federal para la ciudad de San Lorenzo como anunció el presidente Fernández.

No es casualidad que la Unidad Regional XVII de policía haya sido intervenida a los pocos días de comenzar en sus funciones el nuevo ministro de Seguridad, Marcelo Saín, por las flagrantes irregularidades y complicidades con el delito que eran de público conocimiento.

Luego de varias medidas que afectaron la impunidad de las fuerzas provinciales, una ola de crímenes y balaceras narco policiales para sembrar el terror sacudió a la ciudad de Rosario en respuesta.

Consideramos fundamental fortalecer y defender las instituciones democráticas frente a los ataques del crimen organizado. Aquí en nuestra región casos como los asesinatos de Any Rivero en Capitán Bermúdez y Rodrigo Gigena en San Lorenzo, son sólo un ejemplo de los miles de jóvenes que mueren en las barriadas más humildes de nuestras ciudades.

Sin embargo y contradictoriamente, la nueva gestión provincial, ha impulsado medidas pro represivas como la autorización para que la policía lleve la bala en la recámara del arma para que se encuentre lista para disparar, constituyendo un aliento al gatillo fácil. Recordemos que en nuestra zona fueron asesinados por la policía Roberto Arrieta en Puerto San Martín en 2015 y Juan Cruz Vitali el año pasado.

También el decreto que permite a los policías en actividad ser funcionarios políticos, medidas que rechazamos enérgicamente.  No es con mayor control social y políticas represivas que se va a combatir la inseguridad sino con el aumento de políticas sociales inclusivas en todos los aspectos.

Durante los últimos cuatro años, tuvimos políticas represivas y de criminalización de la protesta social en todo el territorio nacional, especialmente los casos de gatillo fácil los cuales fueron amparados y estimulados por el gobierno nacional en la figura de Patricia Bullrich, conocida como doctrina Chocobar. En este marco se dieron los asesinatos de Facundo Ferreyra, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y les centenares de heridos y reprimidos durante las masivas protestas que se dieron durante todo el mandato presidencial, y les preses políticxs que siguen esperando su liberación.

Exigimos juicio y castigo para les autores materiales e ideológicos y repudiamos todo intento de continuar reprimiendo las protestas, como sucedió recientemente contra los obreros de la empresa “Cresta Roja” en la provincia de Buenos Aires.

Párrafo aparte, merece la política con respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura genocida. Venimos de un gobierno que adhirió explícitamente al negacionismo y que justificó el terrorismo de Estado. Intentaron otorgarle el 2 x1 a represores, pero no pudieron gracias a la masiva movilización en repudio.

Sin embargo, aumentaron exponencialmente las prisiones domiciliarias a procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad.

Un ejemplo lo tenemos en nuestra zona, Pedro Alberto Rodríguez, condenado a 8 años y medio de prisión por secuestro y tortura al militante sindical Manuel Casado y también procesado en la causa “De los trabajadores” como informante de los grupos de tareas, se encuentra disfrutando su condena en el country Carcares de Oliveros.

Es por ello que exigimos vuelva a cumplir la condena en una cárcel y repudiamos todo intento de concederle más beneficios como las salidas laborales solicitadas por el titular del sindicato de Aceiteros, Pablo Reguera.

Hoy celebramos que el Estado Nacional vuelva a tomar un rol protagónico, impulsando el juicio y castigo.

Sin embargo, el contexto Latinoamericano es preocupante. Los gobiernos de características populares han sido desplazados ya sea mediante elecciones o por golpes de Estado por la ultraderecha, y otros han aumentado ferozmente la represión.

En Bolivia el golpe de Estado cívico militar y eclesiástico, ha cometido centenares de crímenes de lesa humanidad. Valoramos que nuestro país haya otorgado la condición de refugiados al Presidente Evo Morales y al vice Álvaro García Linera.

Asimismo, exigimos al Estado Nacional, haga las gestiones necesarias para la repatriación del fotorreportero argentino Facundo Molares, quien se encuentra preso en graves condiciones de salud y corre peligro su vida. Del mismo modo lo referente al presunto asesinato del periodista de página 12 Sebastián Moro, quien fue hallado muerto en circunstancias que permiten inferir que fue un homicidio.

En Colombia, a diario son asesinados referentes de derechos humanos y ex miembros de las Farc, violándose los acuerdos de Paz.

En Chile, la descomunal rebelión popular contra el sistema neoliberal encarnado en la figura del presidente Piñera ha sido reprimida brutalmente con cientos de muertos, torturados y detenidos por un aparato genocida que sigue intacto desde la época de Pinochet.

Es por eso que rechazamos que se planifiquen ejercicios conjuntos entre las fuerzas armadas nacionales con las de estos países, que claramente aplican la doctrina de “seguridad nacional”, orquestada por los Estados Unidos en lo que podemos llamar segundo Plan Cóndor.

Hoy, pocos km nos separan del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, de la Calamita en Granadero Baigorria, de la Intermedia en La Ribera. Verdaderos escenarios del terrorismo de estado en el Cordón Industrial dependientes del segundo cuerpo de ejército. Dentro de esas paredes planificaron el operativo de las tres noches adonde se llevaron a los compañeros.

Seguimos exigiendo que comience el juicio en “la causa De Los Trabajadores”, a los responsables de las desapariciones forzadas y asesinatos de los compañeros de nuestro cordón industrial. 

Tampoco podemos distraernos en el cumplimiento de la ley de sitios de memoria exigiendo que estos estén   cercados, custodiados y señalizados, determinando los presupuestos necesarios para tal fin.

Ya han transcurrido cuatro años de la desaparición del cartel que señalizaba como centro clandestino de detención al Batallón de Arsenales en Fray Luis Beltrán.

Del mismo modo, con respecto al ex Centro Clandestino de Detención La Calamita aún no funciona como sitio de Memoria, luego de la donación hecha por el propietario al Estado Provincial. 

Cada 24 de marzo, nuestra cita es con la memoria, con la verdad, con la justicia; nuestra cita es con la lucha y no caben dudas de que aún con diferencias políticas, defendemos cada una de las conquistas en materia de Derechos Humanos.

Es una cita que se renueva como compromiso, mirando el pasado desde los ojos de nuestros compañeros y compañeras sembrados en la historia, y mirando el presente con la misma crítica y rebeldía que ellos y ellas enarbolaron como bandera. 

 La cita es por la batalla contra la impunidad y por la conquista de todos los derechos de nuestro pueblo.

Cada 24 de marzo, nos conmueven los viejos y nuevos dolores. Todos los años salimos a las calles por los 30.000 compañeros y compañeras, pero este año, por las razones de público conocimiento con respecto a la pandemia generada por el Coronavirus y la cuarentena obligatoria, no lo vamos a poder hacer.

Es importante que nos cuidemos entre todxs y cumplamos con las recomendaciones para evitar la propagación del virus. QUEDATE EN CASA.

Asimismo, exigimos que para el cumplimiento de la cuarentena se respeten los derechos humanos fundamentales por parte de las fuerzas gubernamentales y que se instrumente una rápida ayuda para los trabajadores precarizados y personas en situación de pobreza o indigencia.

-Queremos juicio y castigo para todos los represores. Queremos que las políticas de impunidad sean derrotadas.

- ¡Juicio y castigo a los genocidas de la dictadura! Cárcel común y efectiva

- Apertura de todos los archivos de la dictadura de todas las fuerzas de seguridad.

- Restitución de la identidad a les hijes apropiades.

- Repatriación de Facundo Molares.

- Juicio y Castigo para el policía Chocobar y para todos los autores de gatillo fácil.

-Juicio y Castigo para los autores materiales y políticos de los asesinatos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Facundo Ferreyra.

-Juicio y Castigo para los asesinos de Juan Cruz Vitali y Rodrigo Gigena.

-Juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Jorge Julio López   y de todos los desparecidos en democracia: ¡Sin ellos no hay Nunca Más!

- Verdad y Justicia para Paula Perassi y su familia

- Derogación de la ley anti terrorista y Proyecto x.

- Libertad inmediata y desprocesamiento de todos les presos políticxs por luchar

- Justicia para todos les trabajadores muertos en las fábricas del cordón industrial por precarización laboral. Les empresaries y el Estado son responsables.

- No a la adhesión de la Provincia de Santa Fe a la ley de A.R.T del macrismo que perjudica los derechos de los trabajadores. Derogación inmediata de esa ley pro patronal.

- Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y violencia de género.

-Fuera el F.M. I y el Imperialismo de América Latina.

 ¡30.000 Compañeres desaparecides PRESENTES! ¡Ahora y siempre!

José Polenta- Hugo Parente  -Maria Luisa Cuatrin -Roberto “Potongo” Camuglia -Rafael Carroza -Carlos Kruppa – Ramón Oscar Riquelme - José López -Lina Funes -Ramón  Di Fiori - María Castelini - Rosa Benuzzi - José Prat - Isabel Carlucci e hije (embarazada al momento de ser secuestrada) - Irma E. Montenegro - Héctor Müller - Juan José Funes - Carlos Vergara - Roberto De Grandis, Adriana Estévez, Oscar Winkelmann, Liliana Girardi, Rubén Greco, Lorenzo Perino, Susana Miranda, Mónica Capelli, Alberto Corazza, Ricardo Franco, Alberto Galarza, Graciela Eier, Susana Díaz, Domingo Laborde, José Madeo, Hilda Meikle, Alberto Losada, Pablo Sandoval Luque, Horacio Victor O’ Kelly, Alcides Gassman, María Victoria Gazzano, Juan Carlos Gauseño, José Tettamanzi, Eduardo Favario, Santiago Krasuk, Sergio Schneider, Susana Giacché, Mario Russo. 

PRESENTES! ¡Ahora y siempre!

Firman y Adhieren este documento:

Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial.

Comisión Regional de Derechos Humanos.

C.C Estación Cultural.

Centro Ecuménico Poriajhú

Partido Comunista Cordón Industrial.

Liga de los Pueblos Libres del Cordón Industrial.

Partido Comunista Revolucionario

Corriente Clasista y Combativa

Movimiento Evita Cordón Industrial.

Juventud Peronista Evita Cordón Industrial.

Ctep Cordón Industrial.

Unidad Ciudadana Cordón Industrial

Partido Socialista San Lorenzo.

Partido Solidario San Lorenzo.

Juventud Comunista Revolucionaria.

Voces en Rebeldía

Movimiento de Unidad Secundaria

Fuego Feminista

Amsafé San Lorenzo

Amas de Casa del País.

Subversión organización política asamblearia regional Santa Fe.

Radio Popular Che Guevara Rosario.

ATE delegación San Lorenzo.

Mujeres de ATE San Lorenzo

CTA Autónoma San Lorenzo.

Nuevo Encuentro Fray Luis Beltrán en el Frente de Todos.

Mujeres Autoconvodadas del Cordón Industrial y Aledañas. M.A.C.IA

Ana María Medina Funes, familiar de Juan José Funes y Lina Funes.

Mirta Castelini, sobreviviente de centros clandestinos de detención y hermana de María Juana Castelini.