La entidad gremial empresaria se declaró en “estado de alerta”, consideró un “avasallamiento”, las tareas de relevamiento y aseguró que generan “desaliento”, en empresarios locales.
(Sede de la UCI san Lorenzo)
La entidad gremial empresaria se declaró en “estado de alerta”, consideró un “avasallamiento”, las tareas de relevamiento y aseguró que generan “desaliento”, en empresarios locales.
Con las firmas de su presidente, Roberto Yacuzzi, y de su secretario, Vicente Aquino, la Unión de Comerciantes e Industriales del Departamento San Lorenzo (UCI) emitió un comunicado titulado “no matemos al mensajero”, en el cual se declara en “estado de alerta” y se oponen a las “inspecciones realizadas por funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo o concejales del Concejo Municipal con el objetivo de controlar precios de productos exhibidos en góndolas”.
Luego aseguran que las actas que confeccionan los funcionarios generan “un clima de tensión innecesario en un momento en que la calma y el sentido común se hacen indispensables para mantener en funcionamiento los comercios que aprovisionan la ciudad en esta difícil situación”.
Cabe mencionar que las actas a las que hace referencia, solo se confeccionan en los casos en los que se detectan irregularidades como, por ejemplo, precios que exceden a los máximos estipulados por el gobierno nacional, o falta de productos esenciales en las góndolas.
En el mismo comunicado, la UCI solicita “a las autoridades municipales, tomar medidas urgentes reviendo la metodología utilizada para este tipo de procedimientos y acciones”, y considera que esas “medidas urgentes” serían “para beneficio de toda la comunidad profundamente afectada”.
Amenaza
En una velada amenaza, la UCI advirtió que, si las inspecciones continúan, algunos comercios podrían cerrar sus puertas.
Aseguró que los relevamientos que llevan adelante la Subsecretaría Municipal de Derechos Humanos y Defensa al Consumidor, en conjunto con el concejal de la oposición, Macelo Remondino, “están generando en los empresarios locales de las PYMES que invierten y aprovisionan de alimentos y productos esenciales a la población, el desaliento y la ingratitud”.
La entidad afirma que esos sentimientos llevaron a algunos empresarios “a considerar el cierre de los comercios, con las consiguientes pérdidas de empleos y abastecimiento”, por considerar a las inspecciones, un “avasallamiento de las autoridades municipales o provinciales a comerciantes de probado compromiso con nuestra ciudad y la región”.
“Comerciantes nativos”
En un intento por diferenciarse de los supermercados de origen chino (que, como es sabido, no integran la entidad y sobre los cuales -a diferencia de algunos de sus asociados, no hubo denuncias de incrementos de precios), la UCI estima que si el Estado controla los precios, “coloca a nuestros comerciantes nativos y oriundos de la ciudad y de la región, ante disyuntivas tales como el condicionamiento económico que generan los distintos eslabones de la cadena de comercialización y la consiguiente pérdida monetaria de nuestras unidades autóctonas de negocio y los ciudadanos en su conjunto, o exponerse a fuertes multas por parte de la Secretaria de Comercio Interior de la Provincia de Santa Fe (en ambas circunstancias, el eslabón más débil)”.
Por último, la entidad con sede en calle Richieri, afirma que “es harto conocido que la formación de precios de productos de primera necesidad no depende del último eslabón de la cadena, sino que simplemente traslada los costos de distribuidores y fabricantes”, ignorando que el verdadero último eslabón de la cadena, es el consumidor final quien no tiene la posibilidad de “trasladar” ningún costo.
El comunicado finaliza con un prologado autoelogio sobre su “compromiso institucional desde hace 63 años con nuestras PYMES y con la comunidad de la región”.
Copia del escrito fueron enviadas al gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti; al ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; al secretario de Comercio Interior y Servicios; Juan Marcos Aviano; al intendente de la Municipalidad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo y al presidente del Concejo Municipal de San Lorenzo, Hernán Ore.
En tanto, consultadas fuentes vinculadas al gobierno local, aseguraron que intentarán dialogar con la UCI para subsanar posibles diferencias, pero aclararon que con las inspecciones y controles de precios “se está cumpliendo con una Ley nacional”.
(Foto: Google Maps)