La administración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta un profundo desmantelamiento impulsado por el gobierno de Javier Milei, según denuncian trabajadores y sindicatos del sector. Además de recortes presupuestarios para investigación y desarrollo, se proyecta la venta de campos experimentales que abarcan unas 27 mil hectáreas en 22 centros de todo el país, incluidos dos en la provincia de Santa Fe.
Trabajadores calificaron estas medidas como un “saqueo” sin precedentes. “Nunca vivimos algo así”, expresó un experimentado empleado del instituto, mientras sindicatos como la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advierten sobre el impacto devastador que tendrá en la estructura y función del organismo.
Venta de tierras y edificios históricos
Aunque la venta de los terrenos aún no ha sido oficializada, un documento de la presidencia del INTA, que fue filtrado, señala la intención de poner “a disposición” de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) unas 22 propiedades del organismo. Este proceso ya habría comenzado con la venta del histórico edificio Cerviño, en Buenos Aires, que albergaba a más de cien trabajadores. Este inmueble fue desafectado del INTA y, según el Boletín Oficial, será subastado.
En Santa Fe, las tierras en riesgo incluyen 1300 hectáreas del centro experimental de Reconquista y 480 del centro de Rafaela. Aunque el centro de Oliveros, con 400 hectáreas, no figura entre las propiedades a ser vendidas, ha sido sometido a una auditoría que podría ser el primer paso hacia su desmantelamiento.
Recorte de personal: mil despidos en marcha
Además de la venta de tierras, el INTA enfrenta un ajuste de personal sin precedentes. Se anunció un plan para reducir 227 puestos de trabajo correspondientes al personal ingresado en 2023, en su mayoría profesionales contratados como planta no permanente. A esto se suman 312 puestos de apoyo y técnicos también bajo modalidad no permanente.
Un esquema de retiros voluntarios, propuesto previamente, logró que solo 301 trabajadores abandonaran la institución, lejos de los 900 previstos. Ante esta baja adhesión, el gobierno decidió avanzar con despidos compulsivos que, sumados a jubilaciones proyectadas, dejarían al INTA con una estructura drásticamente reducida.
“Entre las personas que se fueron, las que se irán y las jubilaciones próximas, el INTA quedará desmantelado. Ya estamos al borde del colapso”, advirtió Miguel Gómez, secretario de Apinta en la seccional de INTA Oliveros.
Impacto en la ciencia y el desarrollo productivo
El recorte no solo afecta a los trabajadores del organismo, sino que pone en riesgo los avances en investigación y desarrollo en tecnología agropecuaria, un sector clave para la economía argentina. Según los denunciantes, estas medidas responden a una política general de “destrucción del Estado” que afecta incluso a los organismos que funcionan y promueven el desarrollo.
Apinta y ATE instan a la sociedad a tomar conciencia del daño que este ajuste provocará en el sector agropecuario y en la investigación científica. “El INTA ha sido una pieza fundamental para el desarrollo del campo argentino. Desmantelarlo es atacar directamente nuestra capacidad productiva y soberanía tecnológica”, señalaron en un comunicado conjunto.