Este 1º de marzo se cumplen dos años del asesinato de Francesco “Chesco” Giovani Fiorucci, quien recibió más de diez disparos en un brutal ataque ocurrido en barrio Mitre, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas entre bandas narco.

Desde entonces, su madre, Estela Rueda Césped, libra una incansable lucha por justicia. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la investigación está estancada y no hay imputados

Una investigación paralizada y una verdad silenciada

Estela denunció la inacción de la Fiscalía a cargo del caso. “El fiscal de la causa, Maximiliano Javier Nicosia, el año pasado me dijo que después de la feria me iba a citar y hasta ahora no lo hizo. Ante este nuevo silencio, la semana pasada fui y dejé un escrito y todavía no me llama, o sea, deduzco que no le da importancia”, señaló.

Al mismo tiempo, Estela explicó que envió al fiscal reiterados correos electrónicos sin obtener respuestas. “Tuve que denunciar la falta de acción ante la fiscal general Natalia Benvenutto y después ante el fiscal general Matías Merlo”, destacó.

Según Estela, hay testigos que podrían esclarecer lo sucedido, pero el miedo y la complicidad con el narcotráfico impiden avances. “La dueña del búnker donde asesinaron a mi hijo testificó. Su propio hijo también declaró que lo estaban buscando a él y que las balas iban dirigidas hacia él”, contó.

Sin embargo, las contradicciones y retractaciones de testigos dificultan la investigación. “Un testigo primero me dijo que sabía quiénes habían disparado y después cambió su versión”. Además, la falta de registros visuales del ataque complica el esclarecimiento. “Las cámaras de seguridad estaban rotas y las pocas imágenes captadas son borrosas”, denunció.

Uno de los mayores reclamos de Estela es la entrega del celular de su hijo, que sigue en manos de la Justicia. “Van dos años del crimen y no entiendo por qué no me entregan el teléfono de mi hijo. Tenía una aplicación de Telegram que por el tiempo transcurrido se cayó y él la usaba mucho, o sea que, si había información grabada por parte de mi hijo, con sus amigos, con los familiares, conmigo misma, se perdió. Para mí es importante el celular de mi hijo, pero para ellos no”, sentenció y agregó: “No entiendo la desidia total del fiscal”.

La indignación de la madre crece al comparar la inacción en la causa de su hijo con la rapidez con la que se resuelven otros casos. “Cuando amenazaron a Patricia Bullrich, casi desmantelan todo Puerto General San Martín para encontrar a los responsables. Hoy nos damos cuenta que hay ciudadanos de primera, como la ministra, y nosotros estamos después, como ciudadanos de segunda”.

La lucha por justicia continúa

Pese a los obstáculos, Estela no baja los brazos. Está organizando una asociación de víctimas del cordón industrial para exigir justicia de manera colectiva. Buscarán impulsar un sistema de recompensas para incentivar a quienes tengan información sobre crímenes impunes.

Sobre el aniversario del crimen, descarta realizar actos públicos más allá de las tradicionales vigilias. “No quiero acercarme al lugar donde mataron a mi hijo. En el mismo sector en donde ocurrió el crimen hay al menos diez búnkeres de droga operando con total impunidad. Lo irónico es que se encuentran a solo tres cuadras de una sede de la Fiscalía Federal. Mientras los jóvenes van y vienen comprando drogas, las autoridades no intervienen. Se han visto operativos donde se ingresa a ciertos lugares y se los derriba, pero ¿por qué no ocurre lo mismo con estos búnkeres? Se prometió erradicarlos, pero nada se cumple”, aseguró.

En el mismo sentido, destacó que “además, se habló del bloqueo de celulares en los penales, pero nada de esto se está llevando a cabo. Los celulares siguen funcionando dentro de las cárceles. De hecho, yo misma he recibido llamadas desde allí, con internos que intentan negociar información a cambio de favores. Lo más grave es que ellos mismos aseguran que sus teléfonos están protegidos porque tienen acuerdos con el servicio penitenciario. Algunos llevan años con sus dispositivos sin que se los confisquen”, alertó.

Luego, amplió: “El gobernador Pullaro declaró que desmanteló el sistema de celulares en las cárceles, pero esto es completamente falso. Mientras algunos aplauden, la realidad es otra. El día que se suponía que eliminaban los celulares, internos me dijeron con total confianza que los suyos jamás serían incautados porque están ‘arreglados’ con el servicio penitenciario. Todo esto está documentado y denunciado, pero no hay respuestas”, expresó.

Con bronca y dolor, Estela concluyó: “Cada año que pasa sin justicia es como si volvieran a asesinar a mi hijo”. Su lucha incansable es el reflejo de una problemática más amplia: la falta de respuesta del sistema de seguridad y judicial frente a la violencia narco que se cobra vidas y deja a familias enteras en la desesperanza.