César Ríos

Público y privado

El gobierno nacional lanzó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) acerca de la extinción de dominio para bienes mal habidos del narcotráfico y de la corrupción, decisión que lanzó un debate en todo el arco político, que va desde la crítica sobre la “necesidad y urgencia” del gobierno por sacar este decreto hasta las cuestiones legales y constitucionales sobre la propiedad privada. 

Más allá de todas esas consideraciones, el sentido común indicaría que aquello que fue adquirido delictivamente debería ser “devuelto” al conjunto de la sociedad, pues el Estado no es nada más y nada menos que la representación popular, aunque suene cursi la palabra popular y moleste a aquellos que exaltan lo privado por lo estatal. Lo estatal es lo que nos pertenece a todos, y no solamente las estructuras edilicias públicas, sino también los deberes y los derechos, para poder conciliar intereses contrapuestos y gozar de un bienestar general. Y a veces ese bienestar general (que el Estado debe velar que se cumpla) es alterado por los delincuentes y corruptos con sus fechorías y otras veces por los particulares vivos, que apoyándose en los derechos a la propiedad privada hacen lo que quieren, exponiendo a la sociedad a situaciones de peligros.

En esto último me refiero específicamente a todas esas propiedades que pululan por los centros urbanos en total estado de abandono, algunas de ellas durante décadas. Aparte de constituirse como nutridos focos de contaminación, pues son lugares donde habitan alimañas peligrosas y que pueden contagiar graves enfermedades, generan también contaminación visual y un espacio de lúgubre aspecto, que se presta para crímenes tenebrosos.

Ejemplos en nuestra zona:

- El viejo cine San Martín, que también produce un dolor emocional a la consciencia colectiva por lo que representó a muchas generaciones.

- La fibroquímica ubicada sobre avenida San Martín cerca del arroyo San Lorenzo, inmenso predio cuya peligrosidad es histórica.

- Y ahora se suma Refinería San Lorenzo, otro símbolo del progreso, del crecimiento laboral, seno de mujeres y hombres que forjaron una ciudad.

Son tres íconos para la sociedad que reflejan lo que fuimos y somos como país, épocas de crecimiento y épocas de abandono. Con su aspecto parecen señalar un camino de la vergüenza. Muchas veces las razones de ese abandono son responsabilidad de la justicia, que no resuelve con tiempo prudencial los conflictos que existen detrás de tales propiedades. Y es ahí donde el Estado debe actuar para evitar que todos suframos las negligencias y las vivezas privadas, porque existen casos en que se hace esto a propósito porque alguien se quiere quedar con valiosas propiedades. Entonces, una propuesta podría ser que el Estado (municipal, provincial o nacional) administre esas propiedades que durante años están abandonadas, perjudicando a todos, poniendo en riesgo la salud pública. Pero contrariamente a los bienes del narcotráfico y la corrupción, que no vayan a las fuerzas de seguridad, sino que sus ganancias se destinen a la salud y la educación. Una forma de expropiación (aunque suene a ideología la palabra) pero puede ser una forma de ordenar el espacio público, aportar a la salud y a la educación y, quizás, también a que los responsables de los edificios y predios abandonados o en conflictos, se apuren a resolverlo, porque no es justo que todos paguen por la desidia o la viveza de unos pocos.

 

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