El juez Carlos Carbone decidirá el miércoles si da lugar a la apelación de los abogados defensores de las familias que realizaron la toma del terreno.
El juez Carlos Carbone decidirá el miércoles si da lugar a la apelación de los abogados defensores de las familias que realizaron la toma del terreno.
El próximo miércoles se decidirá el destino de 30 familias, en su mayoría mujeres con hijos e hijas, que se encuentran ocupando un terreno ubicado en calle Congreso y República de Chile de la ciudad de San Lorenzo, el cual deberán desalojar por orden judicial el próximo viernes 3 de septiembre.
Desde el 11 de mayo, un nutrido grupo de personas decidió tomar el terreno ubicado en los límites de los barrios José Hernández y Villa Felisa. En principio, la toma que comenzó el 10 de mayo por la noche, fue detenida por la policía, pero al día siguiente, varias familias ya se habían instalado en el inmueble, delimitando las parcelas y realizando los primeros trabajos de edificación precaria.
Al mes siguiente, apareció un presunto propietario, quien inició acciones legales para retirar a las personas del terreno de su propiedad. La Fiscalía, a través de la fiscal Natalia Benvenuto, solicitó el 3 de agosto que el desalojo se haga efectivo en 72 horas, pero la jueza Griselda Strólogo decidió dar 30 días para efectuar la medida.
“Nosotros vamos a explicitar por qué nos oponemos al desalojo y pediremos que la resolución se revoque. Mañana es una jornada determinante. Hay una cantidad de consideraciones de tipo humana y social, porque se trata de 40 familias que no tenían posibilidad de obtener un hábitat, que es una de las cuestiones que se ven en este país, y lo que va a hacer el desalojo es agravar más la situación de estas familias”, explicó el abogado defensor de las familias, Norberto Olivares, en diálogo con SÍNTESIS.
Este miércoles a las 10 se llevará adelante la audiencia vía plataforma Zoom, y será el juez Carlos Carbone, de la Cámara de Apelaciones de Rosario, quien decidirá si revoca la medida o da lugar al desalojo.
“El terreno estaba desocupado, abandono, y ocioso. Lo dijo la misma policía cuando concurre al lugar y describe el lote con yuyos de tres metros, montículos de tierra, sin vallas, y que la gente intenta ocupar de forma pacífica, y desde el punto de vista técnico el delito de usurpación se consuma con violencia sobre el inmueble, vos rompes un candado, un alambrado, saltas una cerca, el tipo penal de usurpación requiere violencia, acá no la hay. La jueza y la fiscal coinciden que hay apariencia de la comisión de delito de usurpación”, agregó el abogado.
En el medio, 30 familias esperan recibir alguna solución con respecto a su situación habitacional.
“La Municipalidad nos dijo que no hay tierras, que nos puede ayudar pagándonos un alquiler hasta diciembre o nos daban materiales para hacernos una vivienda en el terreno de algún familiar. Acá nos juntamos algunos vecinos para hacer la toma, al principio no había dueño, apareció cerca de los tres meses. ¿Por qué no vino desde el primer momento? ¿Va a permitir que la gente edifique con material y todo?”, señaló Florencia Gómez, una de las mujeres que actualmente habita el terreno usurpado.
“No pedimos que nos regalen, queremos pagar esto. Sé que hicimos las cosas mal, pero queremos que nos den la posibilidad de pagar por mes, somos muchas mujeres solas, con chicos”, concluyó.