Una nueva línea en la causa que investiga una red de juego clandestino con protección de funcionarios del MPA. La misma funcionaria ya contaba con polémicos antecedentes.
Una nueva línea en la causa que investiga una red de juego clandestino con protección de funcionarios del MPA. La misma funcionaria ya contaba con polémicos antecedentes.
La fiscal de San Lorenzo Melisa Serena quedó bajo la lupa de los investigadores que ya tienen a dos ex representantes del Ministerio Público de la Acusación (Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad) detenidos y acusados por cobrar coimas para dar protección a la red de juego clandestino en la provincia.
Serena quedó comprometida por mantener en febrero pasado una conversación vía Telegram con el empleado de Fiscalía --también imputado en la causa-- Nelson Ugolini, cuyo audio se difundió en una audiencia judicial que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
Ambos hablan del juego y puertos secos cuando la fiscal dice: "Son temas que jamás se han tocado en San Lorenzo pese a que se sabe. (...) ¿Y qué pretende el p... de Sain? ¿Que nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de (el senador Armando) Traferri?".
Por lo pronto, el celular de la fiscal fue secuestrado para ser peritado por interés de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario.
Hasta el momento no se comunicó fecha de una audiencia para imputar a la fiscal Serena, pero para los investigadores se trata de un nuevo indicio que refuerza la teoría de la protección al juego clandestino que incluye a fiscales y al poder político.
Antecedentes
La fiscal Melisa Serena ya había sido cuestionada a poco de asumir su cargo en la repartición local del MPA a principios de 2015 ya que, a sólo 60 días de comenzar a ejercer sus funciones, pidió licencia médica.
Esa situación se prolongó por espacio de casi dos años a pesar de que luego se comprobó que durante el mismo período -en el que cobraba su abultado salario del Poder Judicial- continuaba trabajando como docente en la Universidad Nacional de Rosario.
Tiempo después, la misma fiscal fue criticada por acordar la prisión domiciliaria del policía Sergio Di Franco -quien por entonces era jefe de la Agrupación Cuerpos de la UR XVII- imputado por el homicidio del joven bermudence Juan Cruz Vitali, en mayo de 2019.
Por aquel entonces, la Auditoría General del MPA abrió un proceso administrativo del cual nunca se conoció su resultado.
