Marcelo Remondino

Marcelo Remondino

Defensa del consumidor

Apuntes para el consumidor

Por Marcelo Remondino (*)

 

(Parte II)

 

Así el actual artículo 237 del C. C. y Comercial dispone: “Determinación y Caracteres de las Cosas del Estado. Uso y Goce: Los bienes públicos del estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tiene su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales…”

Para mayor claridad del lector, las cosas del dominio público del Estado son aquellas que están destinadas al uso directo y general de los habitantes o están afectadas a un fin de utilidad o comodidad común ejerciendo el Estado sobre ellas un control de policía. Sólo estarían en el patrimonio del Estado, los bienes del privado del mismo enumerados en el art. 236 del C.C. y Comercial aunque estén destinados a un servicio público o  la utilidad común. Por ejemplo: Las computadoras de una repartición pública, los muebles y útiles, vehículos, archivos, etc…

Además, cabe agregar que en caso del estacionamiento medido, implementado en nuestra ciudad, no existe ninguna contraprestación por parte del Municipio a favor del usuario, ya que la Municipalidad no se obliga al cuidado del vehículo estacionado en la vía pública, le cobra, sÍ, pero ¿qué servicio brinda?: NINGUNO, del mismo modo si el rodado sufre un daño o deterioro, NADA le resarcirá la Municipalidad.

Que no se diga que la Municipalidad está facultada para modificar una disposición general como el artículo del Código Civil. Este es materia delegada por las provincias al Congreso de la Nación Argentina, y solamente una ley Nacional puede modificarlo, ¿o el Concejo Municipal tiene atribuciones como para que una simple ordenanza cambie el texto de una ley de la Nación? En ese caso, el Concejo podría dictar leyes Penales. Solo el Congreso Nacional puede modificar las leyes nacionales.

Resulta a todas luces clarísimo, que la ciudadanía debe limitar este abuso de poder,  esta invasión del poder público sobre las que los particulares tienen el uso y goce de los mismos, siempre por supuesto sujeto a reglamento tal como lo legisla la legislación civil, de lo contrario, esto seguirá siendo una ilegalidad y una violación de la Constitución Nacional por parte de las Municipalidades.

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418. Para atención personalizada, dirigirse a Bv. Oroño y Gral. López, los días jueves de 09.00 hs. a 13.00 hs.

 

 

Apuntes para el consumidor

Por Marcelo Remondino (*)

 

La Secretaría de Comercio intimó a las empresas de telefonía móvil a que presenten en 15 días un plan para mejorar la calidad de atención a sus clientes y disminuir los índices de conflictividad en los canales de atención y resolución de reclamos. También busca que las compañías brinden una rápida resolución de los reclamos de los usuarios. Los principales motivos de quejas son el cumplimiento parcial o defectuoso del servicio, problemas en solicitudes de baja, y facturación excesiva

Del total de reclamos que reciben las oficinas de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, el 64% son problemas de usuarios de telefonía celular (Personal, Movistar, Claro y Nextel).

Los principales motivos de los reclamos son:

- Cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio (36%).

- Problemas en la solicitud de baja del servicio (15%).

- Facturación excesiva o de cargos no convenidos (14%).

- Incumplimiento de la prestación del servicio contratado (13%).

- Incumplimiento de oferta, promociones y/o bonificaciones (10%).

De enero a junio de 2017 las multas a empresas de telefonía móvil sumaron $2 millones por infracciones a ley de Lealtad Comercial (22.802) y a ley de Defensa del Consumidor (24.240).

Los principales motivos de las sanciones fueron:

- Imprecisiones de la publicidad (27%).

- Publicidad engañosa (27%).

- Incumplimiento de prestación de servicio (14%).

- Falta de exhibición de precios (14%).

- Tamaño de letra poco legible en avisos (9%).

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418. Para atención personalizada, dirigirse a Av. San Martín y Salta (SUPEH), los días jueves de 09.00 hs. a 13.00 hs.

 

Apuntes para el consumidor

Por Marcelo Remondino (*)

 

Así lo dispuso un juez de faltas en la Provincia de Bs. As. De esta manera se le ordena a la Nueva Escuela Argentina a cobrar los valores de 2016, tras la presentación que realizó un grupo de madres y padres.

En marzo de este año un grupo de madres y padres de alumnos que asisten a ese establecimiento educativo presentó una denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, porque consideraron que los aumentos en las cuotas fueron exagerados. Los incrementos que aplicó el colegio fueron en todos los niveles.

La resolución se basa en la legislación que establece que para fijar los aranceles, los establecimientos de educación privada sin aporte estatal deben obtener la mayoría de los consentimientos de forma “individual y expreso” de todos los padres o responsables de los alumnos.

El Juzgado de Faltas Nº 2 de la Municipalidad de La Plata -con competencia en defensa del consumidor- a cargo de Dante Rusconi ordenó a la Nueva Escuela Argentina  a que retrotraiga el valor de las cuotas para todos sus alumnos de todos los niveles a los vigentes al mes de noviembre de 2016.

Los padres indicaron que en agosto de 2016 los valores de los aranceles rondaban los 3.300 pesos, agregaron que les hicieron firmar la propuesta de aranceles para 2017, pero sin especificar los montos.  A principios de este año la institución repartió en sobres cerrados los nuevos valores de las cuotas con incrementos superiores al 50%.

En la oficina de Defensa del Consumidor se intentó arribar a un acuerdo entre los denunciantes y el colegio, pero no fue posible. El establecimiento argumentó que en el Reglamento Interno se había reservado la posibilidad de modificar los valores, y que además la situación económica y los aumentos de los docentes justificaban los incrementos en los aranceles.

Los denunciantes insistieron y pidieron el dictado de una medida preventiva, por este motivo, intervino el juez Dante Rusconi que “colectivizó” el expediente, a considerar que se trata de un típico caso de “derechos de incidencia colectiva” que excede el plano individual.

Además, en la sentencia se destaca que el marco legal de aplicación de los aranceles de los establecimientos de educación privada, obliga a los colegios a presentar todos los años ante las autoridades una declaración jurada mediante la cual acrediten que el contrato educativo cuenta con la conformidad individual y expresa de la mayoría de los padres o responsables de los alumnos que concurran al establecimiento.

Fuentes: Infocielo

 

 

(*) Fundador de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo. Teléfono 156-68418. Para atención personalizada, dirigirse a Av. San Martín y Salta (SUPEH), los días jueves de 09.00 hs. a 13.00 hs.